Una ola de repudio generó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar el mandato de magistrados y consejeros. Ello generó que asambleístas del oficialismo y la oposición la cataloguen como “golpe judicial” o “prevaricato”, e incluso adviertan con un juicio de responsabilidades.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), objetó la resolución. “Considero que la aprobación de la declaración constitucional 049/2023 es un golpe judicial a la democracia en Bolivia y una flagrante vulneración de la Constitución”.

Asimismo, advirtió que los magistrados que firmaron esta declaración constitucional, “con seguridad deberán ser responsables sobre aquellos actos y resoluciones contrarias a la Constitución”.

En esa línea, Héctor Arce, diputado del MAS evista, tildó también lo ocurrido como un “golpe judicial” e indicó que los magistrados del TCP cometieron “prevaricato”.

PREVARICATO. “Esto es un golpe a la Justicia y atenta contra el principio del juez natural. Estos señores han fallado en favor propio y eso no es posible. Aquí se ha cometido prevaricato y se ha cometido resoluciones contrarias a la ley. Amerita juicio de responsabilidades contra estos magistrados”.

También, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, señaló que la “prórroga inconstitucional” que anunciaron los magistrados del Constitucional es un “golpe a la democracia”.

“Estos magistrados ya no son guardianes de la Constitución Política del Estado. A partir de hoy se han convertido en guardianes de sus propios intereses y propias pegas, donde se refleja que los bolivianos ya no tenemos un Estado de derecho. Hoy tenemos un Estado en función a los intereses y en función a las decisiones políticas”.

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Agregó que igualmente exigirán un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP.

“Prórrogazo, decisión prevaricadora e inicua del TCP, a días de vencimiento de su mandato, flagrantemente inconstitucional”, publicó en X (antes Twitter) Carlos Alarcón, diputado de CC.

En tanto, la senadora Silvia Salame advirtió que la Asamblea activará un juicio de responsabilidades por el fallo inconstitucional.

“Tenemos que tomar la determinación de iniciar un juicio de responsabilidades en razón de que ellos estarían modificando la Constitución, estarían afectando lo que establece el artículo 411 de la Constitución”, dijo la exmagistrada.

 Después de conocerse el dictamen del TCP, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, convocó a los representantes de las tres fuerzas políticas para abordar la situación de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial.

Tras la reunión, el MAS arcista y CC plantearon la necesidad de retomar el tratamiento del proyecto de ley para las judiciales. Al respecto, el  jefe de bancada de CC en el Senado, Guillermo Seoane, indicó que se llegó a un “acuerdo” de volver a analizar la norma propuesta por la Cámara Baja, precisamente la que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

RESOLUCIÓN. El TCP emitió ayer la resolución sobre la consulta de constitucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) referida al proyecto de Ley 144 sobre las judiciales, en la que dispuso la inconstitucionalidad por conexitud de varios artículos.

También ordena “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”. Por ello, pidió a la Asamblea que se ponga manos a la obra con la inmediata preselección de candidatos para los comicios.

Sin embargo, el artículo 184, parágrafos I y II de la Constitución Política, señala que “las Magistradas y los Magistrados, Vocales y Jueces no podrán ser reelegidas ni reelegidos, ni designados consecutivamente. Su periodo de mandato o ejercicio en el cumplimiento de funciones será de seis años” (sic).

Y añade: “Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, por revocatoria de mandato y por las demás causales previstas en esta Constitución y en la ley” (sic).