Como se olía, la reunión de las bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para encontrar en los descuentos una salida —imposible solución— al entuerto —en parte por ellos causado— de las fallidas elecciones judiciales ha resultado en algo tan patético como otorgar 72 horas de plazo al Tribunal Constitucional para que alumbre su sentencia sobre la constitucionalidad o no del proyecto de ley para realizar esos comicios.

Mientras, desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha trascendido que el proyecto de resolución presentado por su relator aún no reuniría los suficientes votos para convertirse en sentencia —dicen que estarían en proceso de “ablandamiento”—.

Existen tribunos que, encubiertos desde las sombras y otros abiertamente, han puesto palos en la rueda para ese grosero incumplimiento estatal que demora la realización de esas elecciones, y también varios ingenuos que les hacen coro. Todos han desatado una suerte de campaña —también de “ablandamiento”— ésta, dirigida al soberano, recurriendo a la trillada estrategia envolvente de evocar al fantasma del temible vacío judicial.

“Pajpakean” diciendo que el próximo 31 de diciembre el Estado boliviano sufrirá el desastre del vacío judicial ya que sus altos cargos del sistema de administración de justicia concluirán indefectiblemente sus seis años de funciones, como ordena la Constitución Política del Estado (CPE), además sin lugar a reelección, y, entonces: ¡zas! la justicia dejará de existir (como si eso, en muchos casos, no hubiera ya ocurrido pese a que esos altos cargos estaban operando, o incluso por causa de ellos).

Al respecto, sostengo que evidentemente en unas semanitas esos 26 altos cargos cumplirán su periodo constitucional de seis años y, no podrán ser reelegidos y, menos, sus suplentes podrían reemplazarles pues siguen la suerte de lo principal. Admito, además, que es una vergüenza para un Estado, que se dice institucionalizado, que las máximas cargos de uno de sus órganos queden vacantes por la mala fe, desidia e incompetencia de otro de sus órganos (Legislativo) que en concierto con otro (Ejecutivo) y sometiendo al que supuestamente es independiente (Judicial) han generado esas inminentes acefalías.

Empero, urge separar la paja del trigo y en lo que concierne a la estrategia envolvente del vacío judicial como pretexto para meterle no más y violar la Constitución así sea un poquito no más, por un tiempito breve o porque no hay más remedio, etc., cabe precisar algunas cuestiones que intento aquí resumirlas:

Para empezar, ese vergonzoso apagón de los altos cargos del sistema, sólo afectará a 26 de los más de 2.000 funcionarios que operan el sistema desde abajo. Según el ==Informe sobre el estado de la justicia 2022, los jueces son 1.116 (ordinarios + agroambientales) habiendo 1.009 juzgados y tribunales ordinarios, 63 agroambientales, 21 disciplinarios y 157 conciliadores, a los que habría que sumar secretarios, auxiliares, diligencieros, etc.

La Fiscalía cuenta con 519 fiscales de materia, a los que habría que sumar al fiscal general y a todo el personal de apoyo que duplican esa cifra. La Defensa Pública tiene 133 defensores públicos y el Servicio de Asistencia a las víctimas 47, sin contar con el personal de apoyo. No dispongo de cifras del personal policial que presta apoyo directo e indirecto al sistema de justicia, pero también habría que sumarlos.

Es decir, restando a los 26 altos cargos (nueve del Tribunal Supremo de Justicia, nueve del TCP, tres del Consejo de la Magistratura y cinco del Tribunal Agroambiental), el resto del personal que opera el sistema de justicia seguirá trabajando regularmente cumpliendo tareas administrativas (pago de sueldos y servicios), que sí pueden ser delegadas, lo que no ocurre con lo jurisdiccional. 

Es cierto que el apagón afectará directamente a los tribunales de cierre del sistema y habrá (como ya existe) mayores niveles de retardación y no tutela oportuna y efectiva, pero recurrir a ese fantasma del vacío como si el sistema dejaría de funcionar es un soberano disparate que está sobredimensionado con fines espúreos: la clase política quiere tener “sus” magistrados, para lo que todos sabemos.

Finalmente, una salida no constitucional (decretazo, ley corta, autoprorrogación u otros dislates, así sean bajo acuerdo político) constituiría un remedio peor que la enfermedad, pues la misma CPE castiga con nulidad los actos de quienes no ostenten jurisdicción ni competencia y, nos guste o no, el único mecanismo constitucional para elegir a esos cargos, es la elección popular (demostrablemente fracasada, pero vigente) previa preselección de candidatos en la ALP.

Cualquier salida contraria sólo será balearse en los propios pies y, probará aquello que afirmó Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”.