El viernes pasado, los máximos representantes de la Asamblea Legislativa y los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas se reunieron para resolver el vacío de poder en el Órgano Judicial a partir del 31 de diciembre. Los legisladores coincidieron que primero el TCP debe ofrecer, en 72 horas, una respuesta a la consulta que enviaron en septiembre sobre el control constitucional al proyecto de ley corta para viabilizar las elecciones judiciales.

El senador Torrez sostuvo que el proceso de las elecciones judiciales sufrió trabas intencionadas para que no se realicen en esta gestión; una de ellas sería la consulta enviada en septiembre por parte del Tribunal Supremo de Justicia sobre el control constitucional. Pese a haberse vencido los plazos, el TCP aún no se pronunció.

“El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado. Las 72 horas concluyen el lunes a las dos de la tarde. Entonces, el TCP tendrá que pronunciarse y esperamos que lo haga; caso contrario, tendremos que abrir otro juicio de responsabilidades”, advirtió el legislador oficialista.

El 31 de diciembre, los actuales magistrados terminan sus seis años de gestión y deberán abandonar sus altos cargos, porque en la Constitución no se contempla la ampliación de mandato o la designación de interinos.

La semana pasada, la magistrada del TCP Karen Gallardo dijo que el fallo que emitirán está en etapa de revisión y que estará listo antes de que termine el año; sin embargo, resaltó que los plazos están suspendidos debido a que se solicitó mayor información. 

 

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