El  22 de enero de 2006 Morales y el MAS accedieron al gobierno. En el gabinete se designó al actual presidente Luis Arce como ministro de Economía y Finanzas, cargo que ocupó por casi 12 años y al que renuncio el 10 de noviembre de 2019, horas antes de la dimisión de Evo a la Presidencia tras el informe final de la OEA sobre una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que hacían imposible validar los resultados del Órgano Electoral Plurinacional por alteraciones a los resultados finales de la elección. 

Morales en principio, y ahora Arce, con la fuerza que da el ejercicio del poder se adueñaron y politizaron los cuatro Órganos del Estado, provocaron una crisis de institucionalidad y seguridad jurídica en el país. La estrategia de la toma del poder total, del control absoluto del país y su institucionalidad fue la toma del Órgano Judicial. Primero desarticularon el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional bajo amenazas de juicios a los magistrados, paralizaron su labor y obligaron a renunciar a sus miembros para impedir quorum en los tribunales, así se impedía presentar amparos constitucionales o procesos de inconstitucionalidad. El gobierno tuvo carta blanca para actuar a discreción y sin control, los actos de corrupción nunca fueron sancionados porque estaban amparados por estratos judiciales serviles. Y segundo, el remplazo de las autoridades judiciales por leguleyos afines al masismo se hizo mediante elecciones por voto directo. La selección de casi 60 magistrados por voto popular se realizó después de pasar por un filtro clave: la preselección de los candidatos quedaba en manos de la Asamblea Legislativa que entre 2010 y 2020 estuvo controlada por 2/3 de representantes masistas, fue muy fácil escoger candidatos a magistrados a personas de filiación masista o de afinidad con el partido azul  

En las elecciones judiciales de 2011 los votos nulos y blancos fueron el 58% y en 2017 el 65%. En los resultados un solo candidato obtuvo algo menos del 20% de los votos y la gran mayoría de los candidatos oscilaron entre el 3% y el 10% de los sufragios, una nula legitimidad para ejercer tan altos cargos. Se aplicó la receta de los regímenes autocráticos, el Ministerio Público (la fiscalía) y el Órgano Judicial son imprescindibles para hacer posible el control total de un país y la reproducción del poder. Mientras la justicia sea el botín de los autócratas, los delitos de quienes manejan el gobierno quedan impunes, desde la corrupción hasta la vulneración de la soberanía popular, todas nuestras libertades y derechos constitucionales quedan en manos de la autocracia, desde la violación sistemática de los Derechos Humanos hasta la anulación de las garantías de un debido proceso, todo adversario político es convertido en enemigo, amenazado, perseguido y encarcelado a discreción, desde la validación de cualquier arbitrariedad de quien manda hasta los juicios inventados con pruebas falsas o amañadas, es la vulneración sistemática del estado de derecho y el debido proceso. 

Los magistrados concluyen su gestión este fin de año y la convocatoria de elecciones judiciales ha quedado en “punto muerto”, no existen los dos tercios en la Asamblea Legislativa para aprobar la ley de convocatoria a elecciones. Los atajos para eludir esta mayoría fueron cerrados por el Tribunal Constitucional que actúa de “juez y parte” en el conflicto. El método electoral no ha logrado cambios en la administración de la justicia, sigue siendo cuestionada por organismos nacionales e internacionales especializados a causa de su politización y su alta corrupción. La solución será como siempre, política, y por fuera de la ley, así estamos y así seguiremos si no hay cambios en 2025.