A lo largo del año que está llegando a su fin se discutió, analizó y esperó una salida adecuada para llevar adelante la elección por voto popular con la finalidad de designar magistrados del Órgano Judicial, de tal forma de cumplir con la Constitución Política del año 2009 y dar el primer paso hacia la reforma de la justicia, tema que también ha dado mucha tela para cortar.

Pero numerosos intentos con ese objetivo han caído en saco roto en las altas esferas judiciales, así como en las cámaras de Senadores y Diputados, dejando a la población del país con los crespos hechos y teniendo que soportar la mala administración de justicia. Primero, se observó que la votación popular de magistrados fue un fracaso en anteriores oportunidades y, segundo, a pesar de reconocer el error inicial, se la estaba repitiendo, con pelos y señales, en procedimiento constitucional.

El debate sobre el asunto se empantanó en la Asamblea Legislativa y, enseguida, ya no encontró salida porque los legisladores no encontraron solución para el embrollo y, por tanto, la elección de altos magistrados quedó enfangada, con postergación indefinida. Por ello la convocatoria a elección de los nuevos magistrados llegó al punto muerto, según el cual ya no se realizará en este año ese acto previsto por la Constitución Política. Y para evitar vacío de poder en ese órgano, el Poder Ejecutivo podría recurrir a emitir un decreto supremo con disposiciones al respecto o podría surgir algún ingenioso procedimiento congresal, pero inevitablemente lo que se decida acarreará nuevos conflictos, en un círculo vicioso interminable.

Los atrasos en hallar solución para ese problema constitucional fueron atribuidos a lenidad de los magistrados. No obstante, esa censura no sería justa, debido a que la salida parece imposible de encontrar, a no ser que el artículo en cuestión de la Constitución Política populista del año 2009, sea erradicado, por absurdo.

Finalmente, los magistrados en funciones podrán irse a sus casas sin preocupaciones de conciencia, si los nuevos son designados mediante decreto supremo. De cualquier manera, el mundo litigante espera con expectativa las decisiones que sean asumidas por las autoridades nacionales, con la esperanza de que realmente se produzca un cambio para que la población deje de padecer por la mala administración de justicia, situación que se agravó desde hace más o menos quince años.