Afirmando que si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no pretendía avalar los efectos del Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo (MAS), no debió haberlo autorizado, el vocero del Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, sostuvo que la determinación del Juzgado Mixto de Ivirgarzama, que dejó sin efecto la decisión de no revisar el fallo que anuló el evento de Lauca Ñ, debe ser acatada.

“Nosotros consideramos que debería respetarse la independencia del Tribunal Electoral, pero cuando se dan este tipo de resoluciones, la parte afectada puede acudir a una Acción de Amparo”, señaló el activista.

Precisando que un Congreso se constituye en un acto de gran trascendencia al interior de una organización política, donde además se toman decisiones, Morales descartó que se trate de una injerencia por parte de la justicia, sino el simple hecho de que las resoluciones administrativas pueden ser objeto de acciones constitucionales.

“Si el TSE no quería avalar los efectos del congreso, no debería haberlo autorizado”, dijo, insistiendo en que se debe acatar lo que la justicia ordena.

Afirmando que los derechos ciudadanos están más allá de las posiciones políticas, Morales sostuvo las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral, en el caso de procesos electorales, se constituyen resoluciones de última instancia y son inapelables, sin embargo, en caso de una resolución administrativa, la justicia puede intervenir para ordenar correcciones.

“En este caso, se debe acatar lo que ha mandado un juzgado constitucional”, finalizó.

Ayer, la vocal del TSE, Nelly Arista, informó que aún no fue notificada formalmente sobre el fallo que dejó sin efecto la negativa para revisar la anulación del Congreso de Lauca Ñ.

El 31 de octubre, el TSE dejó sin efecto las decisiones del X Congreso del MAS, argumentando incumplimiento de requisitos en la elección de algunos miembros de su directiva. Posteriormente, el 24 de noviembre, Sala Plena del TSE rechazó un recurso de revisión ratificando la anulación.

Este lunes, un juzgado de Ivirgarzama concedió tutela a un recurso de Amparo Constitucional, obligando a reconsiderar la anulación.