Analistas y representantes de diferentes tiendas políticas consideran que cualquier camino que se tome para solucionar el tema de las elecciones judiciales e intentar evitar un vacío de poder “es inconstitucional”, pero aun así el poder político busca una salida. Un abogado adelanta que si el TCP aprueba la autoprórroga incurriría en delito.

El abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero refiere que la “elección de los magistrados y consejeros de los altos cargos judiciales es tuición del soberano” y que ni el Legislativo ni el Ejecutivo pueden imponer a autoridades a otro órgano del Estado.

“No es correcto que los propios beneficiarios de la decisión sean los propios magistrados y estos debería restarle legitimidad al TCP”, manifestó.

Kathia Saucedo, abogada y jurista independiente, señala que, ante el inminente vacío institucional en los máximos tribunales de justicia desde el 1 de enero de 2024, han surgido varias propuestas, todas “alejadas del marco constitucional”. “El nombramiento de magistrados de altas cortes (interinos en este caso) no corresponde a la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) ni al Presidente del Estado, ni a ninguna autoridad política”, señala.

Incompetentes y delitos

En tanto, el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso Jines afirma que el mandato de las altas autoridades de justicia fenece el 31 de diciembre de manera improrrogable.

“Los magistrados de ningún tribunal pueden seguir ejerciendo funciones porque ellos han sido elegidos para seis años. El 1 de enero ellos ya son ‘incompetentes’ por derecho para seguir ejerciendo funciones”, dijo.

Agregó que, si el TCP viabiliza la autoprórroga, estaría incurriendo en por lo menos tres delitos: uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y resoluciones contrarias a la constitución.

Sólo el Legislativo

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, al respecto, afirmó que “la prórroga, autoprórroga o decretazo para ampliar o designar la cúpula judicial en el país son inconstitucionales”.

“El TCP no puede emitir ninguna sentencia que quiebre el orden constitucional, la responsabilidad política y constitucional es de la ALP”, afirmó en conferencia de prensa.

Jurista critica consulta del TSJ

La abogada y jurista independiente Kathia Saucedo cuestionó la consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al Tribunal Constitucional “ejercer su función interpretativa para evitar el vacío de poder” y solucionar el tema.

“El Presidente del TSJ, argumentando que no siendo posible hasta la fecha la materialización efectiva de la preselección de los postulantes, afirma que se torna inviable también la elección popular de las altas cortes. Solucione el vacío de poder definiendo una alternativa viable, desechando la preselección (ALP) y hasta la elección popular”, indica.