Lo que sucede con los temas que nunca se cierran es que más temprano que tarde vuelven a caer sobre la mesa generando incomodidades. Es lo que sucede con la distribución de regalías en el departamento de Tarija, que después de casi 20 años de bonanza y en las puertas del fin de la actividad hidrocarburífera, sigue generando tensiones entre municipios y provincias.

Hasta la fecha, en Tarija rige la Ley 3038 que establece que el 45% de toda la renta petrolera que llegue a Tarija debe ser destinada al Gran Chaco. La norma se negoció en aquel periodo turbulento del gobierno de Carlos Mesa con Mario Cossío como articulador del oficialismo en Diputados y un Wilman Cardozo joven y combativo ávido de llevar buenas noticias a su provincia.

En sí constituía un Pacto Fiscal entre el valle central de Tarija, sede habitual del poder político y económico de todo el departamento, y la región chaqueña, uno de los rincones de la Patria más olvidados aún 70 años después de la emblemática guerra. Que el objeto del Pacto fueran las regalías petroleras fue básicamente coyuntural, pues sus expectativas de crecimiento permitían precisamente una negociación, pero los pedidos de autogobierno del Gran Chaco son muy anteriores.

Cuentan testigos que en la época de la descentralización el Gran Chaco ya planteaba la necesidad de recibir recursos de forma directa y hay documentos del Comité Cívico que así lo atestiguan. La concreción de la cifra del 45% tuvo que ver con una suerte de consenso entre el peso territorial y el peso poblacional de ambas regiones.

Es verdad que en la época de la descentralización San Alberto y San Antonio eran recién un descubrimiento y en el momento de la Ley, una inversión asentada, pero es verdad también que el Gran Chaco no era en absoluto la única provincia productora. Más bien al contrario, Bermejo había sido desde siempre región explotada y las ambiciones miraban al desarrollo de áreas en O’Connor, como la de Caipipendi, aún en litigio con la hoy Región Autónoma.

De por qué Bermejo, Padcaya y Entre Ríos toleraron entonces la asimilación directa a uno de los bloques en disputa sin hacer constar sus ambiciones media una investigación a fondo sobre los vínculos del poder central; pero de lo que no hay duda es de que la distribución de recursos en pequeñas cantidades nominales no ha tenido los efectos esperados.

El Estatuto de Autonomía pudo haber corregido en parte esta tensión entre provincias, pero ambas partes prefirieron unir fuerzas por la causa mayor, que era meter la Autonomía en la Constitución manteniendo el status quo en la interna. Al contrario, la puerta que quedó abierta para que la autonomía departamental pudiera cooperar con los municipios se convirtió en una herramienta para exigir otros porcentajes de renta petrolera de forma directa sin mayor planificación ni supervisión.

A estas alturas es innegable que la figura de la Autonomía no ha logrado satisfacer las necesidades de autogobierno de los departamentos más necesitados de esta figura para resolver sus problemas por la lejanía o la dimensión, y no lo ha hecho porque sostener una estructura de atención a necesidades sobre un recurso natural sobre el que no existe ninguna capacidad de influir en sus precios o cantidades es inviable.

A Tarija no le conviene reabrir viejas heridas sino mirar al futuro para diseñar un nuevo Pacto Fiscal más justo con todos, pero tampoco basta con mirar a otro lado.

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