El OEP recibió a la fecha más de medio centenar de solicitudes de revocatoria de mandato de gobernantes y representantes electos en el ciclo 2020-2021. Es previsible que tal número aumente. El problema no radica en la cantidad de iniciativas, sino en el difícil cumplimiento de requisitos. Como sea, está abierto el período para el ejercicio de este derecho ciudadano.

La revocatoria es un mecanismo, reconocido en la Constitución Política del Estado, mediante el cual el pueblo soberano decide, mediante el voto, sobre la continuidad o cese de funciones de autoridades electas. Se origina únicamente por iniciativa ciudadana, en una sola ocasión durante el período de mandato. Aplica a todas las autoridades electas, excepto las judiciales. No se requiere acreditar ninguna causal para la revocatoria. Son necesarios, en cambio, muy altos porcentajes de firmas de adhesión.

Desde la vigencia constitucional del derecho a la revocatoria, como parte de la democracia directa, es la tercera vez que se habilita esta posibilidad. En el primer caso, en 2013, hubo 124 iniciativas populares. Ninguna prosperó. En el segundo caso, en 2018, fueron 245 iniciativas. Solo una llegó a las urnas, en Bolpebra, pero no tuvo validez por falta de votantes. Estos datos demuestran que existe voluntad e ímpetu revocatorio en el país, pero no es suficiente. Hay varios escollos.

En esta ocasión, por primera vez, el TSE autorizó la recolección de firmas para la revocatoria del binomio presidencial. La iniciativa corrió por cuenta de un ciudadano que tiene plazo hasta este jueves para acreditar 1,7 millones de firmas. Nada menos. Es evidente que se trata de una iniciativa fallida que será archivada. «No va a haber revocatorio que nos aguante, estamos dispuestos a ir”, dijo hace poco el presidente Arce. Sabe que no irá. Pero hay otras autoridades, en especial locales, en la mira.

Entre las solicitudes de revocatoria predominan las dirigidas contra los alcaldes, tanto en ciudades capitales como en intermedias. Están en curso, por ejemplo, iniciativas contra la alcaldesa Eva Copa en El Alto, Jhonny Fernández en Santa Cruz de la Sierra y Cristhian Cámara, en Trinidad. Igual falta conseguir al menos el 30% de firmas del padrón electoral de cada municipio. Hasta ahora no se conocen solicitudes para revocar gobernadores ni asambleístas nacionales. Llaman la atención algunas ausencias.

En los próximos meses sabremos si esta vez el ímpetu revocatorio es suficiente para llegar a las urnas. O si, como puede esperarse dados los antecedentes, las diferentes iniciativas irán quedando en el camino. Estamos ante un derecho constitucional cuyo ejercicio está sembrado de obstáculos, entre ellos el costo económico, que corre por cuenta de los promotores. Quizás sea más viable alentar el control social de la gestión pública en lo que queda del mandato. Y elegir bien en los siguientes comicios.