El afán prorroguista del masismo, influido, en principio, por corrientes ideológicas que han demostrado superabundantemente su obsolescencia y, luego, por el acostumbramiento de sus líderes y dirigentes al goce del poder, está conduciendo el proceso inaugurado en 2006 a su total decadencia.

En ese camino hay un hito: el referendo constitucional de febrero de 2016, por el cual la mayoría absoluta de la ciudadanía rechazó la propuesta del MAS de reformar la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar una cuarta postulación continua del Primer Mandatario, expresamente prohibida. Ese fue el momento en que el Presidente tuvo la oportunidad de revitalizar el proyecto político por él conducido a través de una renovación del liderazgo dentro del MAS para proyectarlo al futuro.

Lamentablemente, el servil culto a la personalidad, la convicción de que el MAS no es nada sin el Presidente del Estado y, fundamentalmente, la presión de su adláteres que saben que sin él no tienen destino, han hecho que se pierda esa posibilidad, y se destroce su proyecto histórico.

Son muchos los hechos que muestran ese proceso degenerativo, entre ellos probablemente los más ilustrativos son el caso Zapata, en el que hubo evidentes violaciones de las leyes por parte de las más importantes autoridades del Estado (reconocimiento ilegal de un hijo, uso de oficinas del Estado para tráfico de influencias, adjudicaciones dudosas por más de 500 millones de dólares), sin que ninguna sea pasible a sanciones y ni qué decir de reaccionar honorablemente; el caso Quiborax en el que se ha pagado una indemnización de más de 40 millones de dólares a una empresa que originalmente exigía tres, y en esta última semana la frustrada campaña propagandística de levantar el secreto de las cuentas bancarias de los primeros mandatarios para contrarrestar la percepción ciudadana sobre la creciente corrupción que corroe al gobierno, y el grotesco episodio del robo y recuperación de la medalla y banda presidenciales, que da cuenta de la actitud de las autoridades de desconocer la historia del país y el valor sus principales símbolos, así como de recurrir a la mentira para justificar lo injustificable.

En todos los casos ninguna de las autoridades políticas responsables del área ha puesto en consideración del Primer Mandatario su renuncia y, para peor, gracias a la sumisa ayuda del Ministerio Público y la administración de justicia, convertidos en agencias de represión política, se ha sancionado a los más débiles como la propia Zapata y un chofer; en el caso Quiborax, se pretende enjuiciar al expresidente Carlos Mesa.

En el de las cuentas bancarias se ha arrestado a un funcionario por sumar mal los ingresos en la cuenta presidencial y en el de la medalla y banca presidenciales, la ira cae sobre el oficial amigo de las francachelas, se ha destituido al jefe de la Casa Militar (responsable de la seguridad en los traslados de la joya) y dos ciudadanos peruanos han sido acusados del robo.

Es decir, los ministros de la Presidencia (en los casos Zapata y medalla presidencial); en el caso Quiborax, el Ministro de ¿Justicia? y Procurador, y el Presidente del Banco Central de Bolivia (entidad que guarda, bajo un rígido reglamento, la medalla y banda presidenciales) felices y contentos pues, al parecer, además de desconocer el concepto de decencia y leal servicio público, gozan de impunidad.

Hay que agregar a esta lista parcial de horrores la inauguración del rascacielos presidencial, que constituye un sopapo a la realidad de pobreza del país y una muestra más de que el nuevoriquismo ha invadido a los círculos del poder.

En fin, nuevamente conviene sugerir al Primer Mandatario escuchar las advertencias que le hacen desde el llano para que, recuperando su olfato político, hoy adormecido, respete la CPE y el referendo del 21 de febrero de 2016. Sólo así tendrá aún chances de revertir el fracaso del proceso que ha dirigido en los últimos 12 años y, sobre todo, evitar que la sucesión de hechos vergonzosos cómo los que se comenta continúen y se coronen con autoritarismo y violencia fratricida como está sucediendo en Venezuela y Nicaragua.

Es decir, debería optar por la historia y en 76 semanas entregar la medalla y banda presidenciales a quienes el pueblo elija como sus nuevas autoridades.

Juan Cristóbal Soruco Q. es periodista.