“Existen contratos que benefician a empresas vinculadas a los funcionarios cercanos al alcalde Williams Cervantes. El año en el que él asumió el cargo de burgomaestre se creó esta empresa (Mega Belts) que con descaro se adjudicó obras municipales directamente. Eso para nosotros es tráfico de influencias y también es corrupción”, sostuvo la legisladora edil de Potosí.

Según la asesora jurídica de la Alcaldía, Gabriela Vásquez, el caso ya está en manos del Ministerio Público. Se espera que esta instancia sea la que determine si hubo o no beneficio ilícito.

El 2015, Williams Cervantes fue posesionado como alcalde de Potosí. Entre sus funcionarios de confianza estaba Juan Correa Alejo, entonces considerado como el hombre fuerte de obras y proyectos. Primero asumió la jefatura de la Dirección Municipal de Obras y tiempo después se convirtió en el Secretario de Desarrollo Urbano.

“Resulta que en diciembre de ese mismo año (2015), Elizabeth Choque Churata, esposa del hermano de Correa -Anacleto Correa Alejo- crea la empresa Mega Belts Construcciones. Sin un mes de existencia y ni una obra en su currículo, esta empresa se adjudica una obra de aproximadamente un millón de bolivianos en AAPOS”, denunció Fuertes.

AAPOS es la empresa suministradora de agua potable de la Villa Imperial. La presidencia de esta operadora recae en el alcalde Cervantes, quien antes de ser burgomaestre también fue gerente de dicha entidad.

Según la documentación presentada, en el certificado de entrega de esa obra la esposa y cuñada de Juan Correa figuran como supervisora y dueña de la empresa, respectivamente. En 2016, con ese mismo certificado la empresa logra la adjudicación de otras obras ediles bajo modalidad de contratación directa.

En los procesos Elizabeth Choque Churata -cuñada de Juan Correa, socia y representante legal de la empresa- presentó una declaración notariada en la que niega todo vínculo de parentesco o afinidad con algún funcionario municipal.

Una de las obras observadas es la construcción del muro de contención de la comunidad Callapampa. La obra fue adjudicada por un monto de 199.999,63 bolivianos. En el Sicoes la contratación está en estado “no informado”, mientras que la última documentación del Concejo sobre esta obra data de marzo de 2018 cuando se solicitó una reunión para conocer la situación de la obra. Hasta noviembre de 2017, sobre ésta pesaba una solicitud de auditoría.

Entre los documentos además figura un acta de recepción definitiva -firmada por Juan Correa- del muro de contención Incahuasi-Fase I del Distrito 13. La obra que también fue ejecutada por Mega Belts tuvo un costo de 253.789,79 bolivianos.

En diciembre de 2016 figura el pago de 79.343,60 bolivianos, en favor de Elizabeth Choque, por la construcción del alcantarillado en el barrio San Marcos del Distrito 19 de Potosí.

“Son sólo algunas contrataciones. Por ejemplo hay un proyecto por el que la cuñada de Juan Correa recibió 71.525 bolivianos, antes que él renuncie a su cargo”, sostuvo la concejala. Añadió que desde 2017 se solicitó al alcalde mayor información sobre estas contrataciones. “Pero la respuesta llegó recién el 26 de junio pasado, días previos al alejamiento de Correa del cargo”, manifestó.

En La Paz, Omar Rocha, exalcalde transitorio de La Paz, presentó hace unas semanas una denuncia en contra del director de Empresas y Servicios del municipio por supuesto tráfico de influencias. Según la exautoridad, la imprenta del padre de este jefe edil se habría beneficiado con 17 contratos desde 2010. El acusado señaló que no participó en los procesos de contratación.

Alcalde pide informes de funcionarios

Según declaraciones de la asesora jurídica del alcalde, Gabriela Vásquez Sandóval a medios potosinos, la denuncia de la legisladora municipal data del 18 de julio de este año. La funcionaria edil aseveró que ese mismo día el alcalde de la Villa Imperial, William Cervantes solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación de la autoridad presuntamente implicada.

La demanda interpuesta ante la Fiscalía pide la investigación de Juan Correa, exsecretario de Ordenamiento Urbano. Esta instancia será la que debe determinar si hubo o no beneficios ilegales.

El documento presentado ante la justicia por el burgomaestre señala: “Tengo a bien solicitar a su digna autoridad se haga la investigación en mérito al objeto y principios de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de posibles actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y exservidoras y exservidores públicos, en el ejercicio de sus funciones”.