La democracia institucional, la independencia de poderes y la justicia equitativa e imparcial son fundamentales para el funcionamiento adecuado de cualquier Estado que aspire a considerarse a sí mismo como democrático y de derecho. Estos principios son la base de un sistema político en el que se respeten las libertades de todos los ciudadanos, se garantice la rendición de cuentas de las autoridades y se asegure la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

La toma de decisiones políticas de manera transparente y participativa, el respeto a la voluntad del pueblo expresada a través del voto, y un sistema de justicia que propenda al tratamiento igualitario de todos y cada uno de los ciudadanos ante la ley deben ser las condiciones mínimas exigibles que los gobernados deberían no solo requerir sino demandar de sus autoridades.

Por su parte, la separación de poderes —cabe decir: órganos independientes tanto en procedimientos como en pronunciamientos respecto de temas de sus competencias específicas— pasa por implementar un diseño institucional impermeable a las discrecionalidades de los tomadores de decisiones de turno, de manera que, por ejemplo, un fallo judicial que defina la situación legal de cualquier ciudadano responda única y exclusivamente a razones de orden técnico y no así a su discrepancia de ideas con el régimen político.

Los aspectos mencionados, en suma, forman parte indisoluble de la calidad democrática de las sociedades y los sistemas políticos. En el caso boliviano corresponde analizar y cuestionar si contamos con una democracia real y permanente, más allá de la realización periódica de comicios. Debemos superar la variable democracia-elecciones que poco o nada refleja sobre la salud de nuestro sistema.

Por otro lado, la persecución política, la instrumentalización de la justicia y la falta de respeto al voto del soberano, representan graves amenazas para el sistema democrático. Estas prácticas socavan la legitimidad de las autoridades electas, generan desconfianza en las instituciones y debilitan el Estado de derecho.

Desde tiempos inmemoriales, la justicia en Bolivia se ha utilizado como un arma política para defenestrar y perseguir a los opositores de turno, confirmando la debilidad institucional de la justicia boliviana. Un ejemplo reciente se vive en la ciudad de La Paz, donde el martes 14 de noviembre la justicia determinó detención domiciliaria para el alcalde municipal, Iván Arias Durán, en el marco de un proceso por presunto acoso político. El caso evidencia de manera clara cómo la justicia se usa de manera selectiva, incumpliendo los principios de presunción de inocencia y debido proceso e incidiendo en que se tomen decisiones para perjudicar la gobernabilidad democrática en una ciudad tan importante como la sede de gobierno.

Esta situación, como bien lo refieren distintos pronunciamientos a nivel nacional, favorece la posibilidad de consumar un golpe gestado por detractores del alcalde municipal, quienes, a través de actos de corrupción, abuso de poder y manipulación de las leyes, pretenden asumir la conducción inconstitucional del municipio, atentando contra la democracia paceña y los intereses de la ciudad.

Ha de tenerse en cuenta que cada vez que la justicia se politiza, se causa un gran daño a la democracia, agudizando su estado crítico. Por ello es fundamental defender y promover el respeto a la institucionalidad democrática, no solo desde el discurso sino y por sobre todo desde la acción ciudadana. La democracia precisa que el soberano paceño, cabe decir nosotros, la defendamos de manera sostenida y con vocación inquebrantable.

El autor es concejal del municipio de La Paz