La democracia en Bolivia atraviesa un momento muy delicado que va más allá de las diferentes formas de entender los problemas de orden social o económico, mismos que si bien son preocupantes por la cada vez mayor inseguridad ciudadana, el crecimiento de la corrupción, el aumento imparable del costo de vida y la inestabilidad institucional agudizada con las demandas de revocatorio contra autoridades nacionales y municipales, podrían ser enfrentados con menores costos con un Sistema de Justicia con probidad e independencia.

El descrédito en el que ha caído la Justicia por factores de orden estructural, profundizados por la desacertada forma de elección de sus altas autoridades incorporada en la Constitución Política del Estado Plurinacional; la visible, ostentosa y grotesca intromisión política de los otros órganos del Estado, así como la vergonzosa sumisión de los miembros del Órgano Judicial desde lo más alto de la jerarquía hasta a una buena parte de jueces, juezas y funcionarios subalternos, profundiza el malestar social que se siente en todos los espacios. El debilitamiento de la Justicia priva a la población de una instancia de resolución de conflictos con credibilidad. 

Hoy vivimos en la incertidumbre de cuál será la situación de las altas cortes cuando concluya el mandato de sus titulares. Para oponerse a la iniciativa ciudadana que pedía la reforma constitucional en lo referido a la elección de magistrados/as del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura, se argumentó falta de tiempo. Sin embargo, hoy nos encontramos en la incertidumbre de quiénes serán las personas que asuman esos cargos una vez cesados por ley los que hasta ahora ejercen. Dada la demostrada falta de seriedad e incapacidad para honrar compromisos de los políticos que suscribieron el documento de nueve puntos en el Senado, garantizando un proceso de elección oportuno y transparente, la población se encuentra pesimista y descreída. Contrariamente, en muchos operadores políticos incrustados en el Órgano Judicial como funcionarios/as con diferentes rangos, se observa indisimulada satisfacción, porque, a mayor caos , menor exigencia de, al menos, guardar las formas para evitar sea visible el vergonzoso servilismo político partidario en detrimento de la gente que requiere ser escuchada por jueces imparciales. 

Al estar corroído el pilar fundamental de la democracia que es la Justicia, no se puede decir que vivimos en democracia. La falta de independencia de sus miembros no garantiza el ejercicio mínimo de derechos y garantías constitucionales.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontaño@gmail.com