¿Quién va a definir al final la propiedad de la sigla y el candidato masista?, el Tribunal Constitucional.

El problema es que se está ignorando la demanda nacional urgente de hacer una reforma judicial estructural para encarar la crisis de la administración de justicia. Esto es lo grave.

Escuchamos a los parlamentares todos los días, a los portavoces gubernamentales a cada momento, y ninguno, ni oposición ni oficialismo se refieren para nada a la reforma. O sea, nos están engañando todos, planteándonos como si el problema fuera que haya o no haya elecciones.

No va a haber elecciones judiciales este año y no creo que tampoco haya el próximo, ¿por qué? Porque el destino de esta acción gubernamental es impedir elecciones judiciales, con la finalidad de buscar mecanismos gubernamentales para la designación inconstitucional de magistrados que respondan estrictamente a las necesidades y a los objetivos de corto plazo del Gobierno.

Están en juego, los intereses gubernamentales. ¿Qué es lo que están peleando las alas del MAS, el arcismo y el evismo?, y ¿cómo estas peleas se están reflejando en este entrampamiento del nombramiento de magistrados supremos? Están peleando la sigla (MAS) y la candidatura próxima, el año 2025. ¿Quién va a definir en última instancia la propiedad de la sigla y la legalidad de ese candidato masista, arcista o evista? El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Es así de minúsculo el interés partidario del MAS y es el hecho de controlar el Tribunal Constitucional próximo el que vaya a ser designado por elecciones o designado por el Gobierno es quien va a decidir la candidatura.

Y es ése el control que busca el Gobierno, el control de la cúpula judicial vía designación interina. Esa intervención está destinada a controlar especialmente el Tribunal Constitucional para garantizarse a través del Tribunal Constitucional la candidatura y la propiedad de la sigla.