Lejos de cambiar y mejorar el Poder Judicial sigue en caída libre. Que los legisladores no hayan realizado la preselección y elección de las nuevas autoridades de las Altas Cortes, supone ingresar no solo en un inédito y peligroso vacío judicial, sino también constituye un verdadero fracaso para el gobierno nacional, el MAS y las fuerzas políticas.

La Constitución establece que las principales autoridades judiciales se elegirán mediante sufragio universal, debiendo la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuar “por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al Órgano Electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral” (arts. 182.II-198). Y como todo este procedimiento ha sido abortado, cualquier decisión que intente “salir del paso” (ley corta, interinatos, prórroga de mandato, etc.) será inconstitucional (y puede ser demandada y abortada nuevamente). Este pandemónium puede generar conflictos de todo tipo y de imprevisibles consecuencias.

Los legisladores quieren una ley que permita designar a los magistrados suplentes en reemplazo de los titulares del Órgano Judicial a partir de enero del 2024, cuando fenezca el mandato constitucional de seis años de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Otra propuesta es que la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa haga un sorteo entre los vocales departamentales y designe a los magistrados y el 2 de enero se posesione a las nuevas autoridades por un plazo máximo de seis meses o antes, lapso en el cual tendría que realizarse el proceso eleccionario pendiente. En lo que pareciera haber consenso político es que las actuales autoridades judiciales, que cumplen su mandato el 2 de enero de 2024, no se queden un minuto más en sus cargos.

Lo que está clarísimo es que no hay voluntad política, que permita la renovación judicial en los términos que establece la Constitución, menos para buscar una transformación de la justicia boliviana. Mientras tanto sigue la bola de nieve. La cobertura judicial no sólo que es limitada y deficiente sino inexistente para más del 50% del territorio nacional. La cobertura judicial llega al 48% de los 339 municipios del país, el ministerio público llega al 41% y el servicio de defensa pública llega al 29% de los municipios, según la Fundación Construir.

El presupuesto judicial apenas alcanza al 0,50% del presupuesto general del Estado. Los ministerios de Gobierno y de Defensa tienen (y han tenido) más del 40% del total. La pobre asignación presupuestaria judicial constituye un elemento determinante para la sistemática degradación no solo del sistema de justicia, sino también del sistema político, los derechos y valores constitucionales. En estas condiciones, resulta misión imposible que los jueces tengan las condiciones mínimas en lo que hace a infraestructura, fortalecimiento institucional, una carrera judicial completa, tecnología de punta, remuneraciones dignas, etc. La situación es realmente crítica ya que aumenta exponencialmente el trabajo, pero no existen las condiciones para resolver la elevada carga procesal y los grandes desafíos que exige la transformación de la función judicial.

Los referidos indicadores confirman que la “justicia” no es ni ha sido una prioridad para la clase política boliviana. La Comisión IDH recomendó al Estado boliviano que “adopte las medidas necesarias para lograr la mayor cobertura posible de jueces, fiscales y defensores públicos, a partir de criterios que resulten de diagnósticos sobre las reales necesidades de las distintas zonas del país, tanto en población como en materias”, medidas que “deben incluir el apoyo presupuestario y humano para que además de la presencia física de la autoridad respectiva, se garantice su permanencia y la estabilidad de su personal”.

Los estándares internacionales no sólo exigen que haya independencia económica de la justicia, sino además de que el proyecto de presupuesto sea preparado por el propio Poder Judicial; incluso, plantean la necesidad de consagrar cláusulas constitucionales de salvaguarda de un mínimo presupuestario para el sistema de justicia. Lo cierto es que el modelo de justicia del MAS ha fracasado y deben hacerse cargo del monstruo que han creado y de sus consecuencias.