En 2009 nuestro país optó por cambiar la denominación de República por Estado Plurinacional. Más allá de las consideraciones jurídicas y constitucionales que los expertos podrían discutir, el cambio obedeció al deseo de cambiar una figura política que (desafortunadamente) rememoraba exclusión y división, por una visión que pueda incluir diversas visiones y naciones.​

Al presente la figura de Estado Plurinacional no acapara esa diversidad de visiones y opiniones, culturas y concepciones, saberes y tradiciones. El país está dividido, polarizado y energúmeno entre si mismo. Es cierto que hubo avances en inclusión y el racismo/discriminación se miran con recelo (como debe ser), pero la intolerancia ha aumentado.

Viendo lo que sucede con los incendios, la justicia y el quehacer económico, considero que hemos cambiado lo Plurinacional con lo Disfuncional. En lugar de un Estado que cumpla con lo que se le ha encomendado constitucionalmente, tenemos muchísimas leyes y normas, pero bajo cumplimiento.

Este problema está tan arraigado que va más allá de un solo gobierno o una facción de este: nos ha marcado incluso desde la República por decirlo de forma figurada. Las leyes no se han respetado y cumplido y cada vez hay más anomia institucional.

Hay una inoperancia de la política que impide los mínimos y razonables acuerdos de gobernabilidad. Los ciudadanos hemos “contratado” a nuestros representantes para que nos “representen” en la administración del Estado.

Es difícil, por no decir imposible, que 12 millones de habitantes nos pongamos de acuerdo en los diversos puntos que implican a la sociedad. Para evitar ese alto costo de transacción y de acuerdo, elegimos periódicamente a representantes para que puedan ayudarnos a que el accionar y la convivencia ciudadana en su día a día se realice en paz y de forma fluida.

Eso no ha ocurrido. A título de no alterar el mandato ciudadano los políticos en ejercicio se han atrincherado en sus posiciones con una determinación que hace que el costoso proceso de decisión de millones de personas parezca fácil.

Obviamente no creo que nuestros representantes deban dejar de lado sus principios y sus mandatos, pero también me queda claro que su rol es ayudar a resolver, no llegar a empantanar las decisiones nacionales, departamentales y municipales, además de las que implican los tres niveles.

No cabe duda de que la solución que ellos negocien y llegan a pactar según el mandato otorgado no nos gustará o satisfará a todos. Pero será mejor a un enfrentamiento que sólo llega a plasmarse en inacción y múltiples disfuncionalidades en la sociedad.

Nuestros políticos deben ser conscientes de que representan a una parte de la población, a sus convicciones y necesidades. También tienen que reconocer que la visión que representan no será necesariamente compartida por las otras concepciones y cosmovisiones.

Por lo que deberían buscar soluciones que se apeguen al espíritu democrático y a los principios de buena convivencia para que las fricciones se superen. Y aquellas que no son resolubles entre ellos tendrán que ir a otros medios como votaciones, plebiscitos, consultas, etc.

Es más, las decisiones que surjan de las urnas deben ser consideradas como tales: instrumentales dadas las reglas de decisión. Por ejemplo, si algo más del 50% de la población decide un curso de acción, éste deberá ser respetado por ambos bandos.

En el caso de los perdedores, reconociendo que en esa ocasión no se aprobó su visión y que, si desean apelar, lo deben hacer con los medios legales y legítimos. Y en el de los ganadores, aceptando que algo menos de la mitad de la población no está de acuerdo con la opción ganadora. Como lo habría dicho un famoso gobernante inglés “En la derrota dignidad, y en la victoria, magnanimidad.”

La mala política es parcialmente responsable de la disfuncionalidad estatal. A causa de ella tenemos una situación de anomia a todo nivel que impide tener un Estado que funcione.

Es uno de los síntomas de la falta de institucionalidad.