La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia confirmó que existen 48 solicitudes de revocatoria de mandato en contra de algunas autoridades nacionales y subnacionales que se pondrán a consideración de la Sala Plena.

“Tenemos alrededor de 48 solicitudes (de revocatorio de mandato) en todo el país”, señaló este miércoles la vocal electoral en entrevista con La Razón Radio.

Los alcaldes de El Alto, Eva Copa, y de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, están en la lista de solicitudes de revocatorio.

Chuquimia explicó que las solicitudes pueden ser presentadas por ciudadanos particulares u organizaciones de la sociedad civil ante el Tribunal Departamental Electoral (TED) de cada región. Luego de la verificación de procedimientos y un “análisis jurídico” de en la Sala Plena, se define si la apertura de libros para las firmas de los adherentes.

Explicó que las solicitudes existentes incluyen a alcaldes, concejales y algunos asambleístas departamentales, que serán evaluadas en la sesión de los vocales de este miércoles.

“Vamos a ver si estas solicitudes que han llegado han cumplido los requisitos que manda nuestro reglamento, que no son tan difíciles de cumplir”, aclaró.

Revocatorio de mandatao

Una vez que la solicitud es aprobada por los vocales, según explicó, el llenado de firmas de los libros y toda su logística corre por cuenta de los solicitantes.

Chuquimia explicó que, “en el caso de las autoridades subnacionales, (los solicitantes) deben prever que los firmantes pertenezcan a ese municipio, porque los ciudadanos adherentes necesitan estar registrados en el padrón electoral”.

El 18 de noviembre se conoció que el TED de Santa Cruz, dio curso a la solicitud de revocatorio interpuesta por la ciudadana Lilibeth Coímbra Peña en contra del alcalde Jhonny Fernández.

Según María Cristina Claros, presidenta de ese órgano departamental, la solicitante ya fue notificada y tiene un plazo de 90 días para recolectar al menos 325.763 firmas. Se trata del 30% del padrón municipal necesario para el inicio del proceso, según la ley.