Ante la imposibilidad de contar con magistrados y consejeros electos el 3 de enero de 2024, la senadora Silvia Salame propuso que el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca asuma la gestión administrativa de justicia.

Propongo que “ampliar las facultades administrativas” de ese tribunal “para que ellos hagan de MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) y “continúen funcionando” los tribunales departamentales, las salas constitucionales, los tribunales de sentencia o la escuela de jueves, dijo en La Razón Radio.

Ante desacuerdos en la Asamblea Legislativa y consultas irresueltas especialmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) las elecciones judiciales fueron descartadas para este año y quedaron en vilo para el próximo. Así, está descontado que el 3 de enero, cuando se inicie el año judicial, no hay magistrados y consejeros electos.

Según Salame, aislada de Comunidad Ciudadana (CC), su proyecto de ley busca evitar “el caos judicial” y el cierre del sistema judicial. Es una medida provisional, excepcional y temporal, de 90 días, afirmó.

Se trata de una ley corta que solo aborda “la facultad administrativa” no la competencia, aclaró la legisladora, otrora magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Lo único que entrará en receso son las cortes de cierre”, dijo.

El martes, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anunció la presentación de un proyecto de ley corta para evitar la continuidad de los actuales magistrados y consejeros más allá del 2 o 3 de enero de 2024.

Silvia Salame

En tanto, CC, a través del diputado Carlos Alarcón, propuso “declaratoria en comisión de los actuales jueces y vocales que están desempeñando sus cargos en las mismas materias de especialidad”.

Al respecto, Salame aclaró que “por un solo día no se puede ampliar el mandato” de los 23 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional, y de los tres miembros del Consejo de la Magistratura. Éstos fueron elegidos por voto popular en 2017 y posesionados en 2018; terminan su mandato de seis años el 2 de enero de 2024.

Descartadas las elecciones judiciales este año y las autoridades electas para esa fecha, Salame consideró que no será mucho problema si existe acuerdo en la Asamblea Legislativa. “Tampoco va a desaparecer el país si estos ciudadanos no sigan funcionando”, afirmó.

Hasta el 23 de noviembre, el TCP debió atender la consulta del Tribunal de Justicia sobre la pertinencia constitucional de un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Senadores el 31 de agosto.