A un mes de la culminación del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial (OJ), se prevén mecanismos inconstitucionales para la designación de nuevas autoridades ya sea por la prórroga de mandato o por interinatos, aseguraron constitucionalistas y opositores.

Las elecciones judiciales deberían llevarse a cabo en diciembre de este año, pero están paralizadas debido a la espera de respuesta a varias consultas elevadas al TCP, la última por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El abogado constitucionalista y exmagistrado José Antonio Rivera explicó que tanto la prórroga como el interinato de los cargos  a partir del 2 de enero de 2024 son inconstitucionales y, por lo tanto, “son ilegales”.

Alertó que la continuidad de los magistrados en sus cargos debilitará más la seguridad jurídica “porque no habrá control de legalidad ni de constitucionalidad”.

Sobre el tema, el investigador y exlegislador Carlos Börth señaló que las elecciones judiciales son inviables en esta gestión por la falta de voluntad política del Gobierno de Luis Arce y del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Coincidió con Rivera en que la Constitución Política del Estado (CPE) sólo establece las elecciones judiciales para la designación de nuevas autoridades judiciales. “No importa el instrumento, cualquier otra vía es ilegal e inconstitucional”, insistió.

Mencionó también el vacío de poder que deja la falta de designación de las autoridades “porque todos los casos que lleguen a esos tribunales quedarán  paralizados. “No pueden firmar nada y si firman una sentencia es ilegal, no tiene valor”, explicó.

Oposición

Desde la oposición, señalaron que hay una clara intención del Gobierno de no renovar autoridades judiciales hasta que finalice la gestión de Arce o, en el mejor de los escenarios, sería en la gestión 2024.

Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y abogado constitucionalista Carlos Alarcón, existe un acuerdo entre el Gobierno y el TCP para sabotear las elecciones judiciales con el fin de proponer la prórroga de mandado como la única vía de solución al problema.

A juicio del diputado Enrique Urquidi (CC), no habrá elecciones judiciales a corto plazo porque existe el interés de “mantener el control del TCP y la consiguiente ventaja de cara a las elecciones presidenciales de 2025”.

ALP, responsable de la preselección

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados exigió  al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitir de forma inmediata respuestas a las acciones y consultas pendientes relacionadas con las elecciones judiciales.

La Constitución Política del Estado (CPE) establece  que las actuales autoridades del Órgano Judicial  y del Tribunal Constitucional Plurinacional no deben continuar en sus cargos más allá del 3 de enero del próximo año, no se contempla ningún tipo de prórroga.