bolivianas

Dos ‘peces gordos’ del narcotráfico internacional: la peruana Reyna Violeta Gozme y antes el uruguayo Sebastián Marset burlaron los controles del Servicio General de Identificación Personal (Segip), dependiente del Gobierno, y el Servicio de Registro Cívico (Sereci), controlado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y lograron obtener cédulas de identidad bolivianas falsas. Ambas instituciones admitieron que no hay un sistema integrado, y que solamente se contrasta la información a solicitud.

Por otra parte, hay cuatro exfuncionarios de Segip que fueron procesados por entregar la cédula con identidad falsificada al fugado Marset, pero el juez Primo Flores, cuestionado por el propio Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo por liberar al socio de Marset, les dio detención domiciliaria y no los envió a prisión.

El principal requisito para tramitar una cédula de identidad es presentar un certificado de nacimiento. Esta semana Gozme, conocida como la Reina del narcotráfico en Perú se identificó ante los policías paraguayos con un carnet emitido en Bolivia con el que se la identificaba como Norma Claros Torrico, pero tras intercambiar información con las autoridades bolivianas, la mujer de 43 años fue detenida.

La directora nacional del Segip, Patricia Hermosa, en contacto con EL DEBER, explicó que esta cédula “fue otorgada el 17 de enero de 2017, cuando Gozme se dirigió a la oficina del Segip en La Guardia, Santa Cruz, y presentó un certificado de nacimiento para obtener la cédula de identidad. Recordemos que la contrastación de datos de certificados de nacimiento con el sistema del Sereci se inició 2018 con la implementación del Sistema Ruibio”, recordó la directora. 

El certificado que utilizó fue enviado, según la directora, antes del fin de semana al Sereci, para su verificación. Hermosa señaló que la narcotraficante detenida en Paraguay renovó su cédula falsificada en dos ocasiones: el 29 de septiembre de 2022 y el 13 de octubre de 2023.

Por su parte, el director del Sereci, José Alfredo Trujillo, complementó que aún están a la espera de la llegada de ese documento, pero que tras una revisión del padrón electoral “se comprobó que es un documento que contiene información falsa, que ha sido fraguada y adulterada. No coinciden temas como partida de nacimiento, libros, ni registros en el padrón electoral biométrico. Por lo tanto, es absolutamente inconsistente”.

La investigación ya comenzó en el Sereci. “Nosotros tenemos comunicación constante con el Segip, precisamente para evitar estos problemas. Cuando tengamos la información completa nos apersonaremos a la Fiscalía, para formalizar la denuncia contra esta persona por el delito de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado”, complementó Trujillo.

Mientras, Patricia Hermosa aseguró que en Segip también se realizan las verificaciones sobre la actuación de los funcionarios que emitieron las dos renovaciones, “si cumplieron todo el protocolo para la emisión de la cédula”. 

Acotó que realizarán una investigación. “Vamos a presentar el supuesto certificado de nacimiento al Ministerio Público, porque en realidad la señora no es boliviana, sino peruana. Indagaremos si es que los funcionarios que emitieron la cédula en 2017 continúan, quiénes son, porque la gente fue rotando. Tenemos una descentralización de servicios. El requisito del certificado es solamente para la primera vez que tramitan el carnet de identidad. Luego, ya solamente se requiere el pago de los Bs 17 para renovar, ya no el certificado porque se entiende que ya está en archivo”. El director de Sereci puso también de relieve este tema.

Trujillo recalcó que “Norma Claros” no está en los registros del Sereci, “esa información fue fraguada”. Se le preguntó si es que la persona que tramita un carnet en el Segip puede contrastar la información, en tiempo real, y Trujillo insistió “en que hay una comunicación fluida, hay coordinación institucional para llevarlo adelante, pero desconozco por qué no se lo ha podido concretar hasta ahora. Ellos pueden contrastar la información, no contamos con un software común, para resguardar la seguridad de las personas, por eso es que sólo la manejamos nosotros. No hay un sistema único porque la propia ley lo prohíbe”.

El mecanismo de contrastación, explicó, “se hace en línea, desde el Segip se pueden contactar con nosotros y preguntar si esta persona existe, está viva, está muerta. Si requiere información adicional, debemos contestar requerimientos. No es un procedimiento muy recurrente, también debo indicar. Ahí está la alerta, la perspicacia del servidor público de ambas entidades, pero en este caso del Segip”, complementó el director.

Hermosa coincidió en que, aunque hay “contrastación” con el sistema del Servicio de Registro Cívico (Sereci), no existe un software compartido, lo que aparentemente facilita que se registren este tipo de hechos. El director nacional de la entidad dependiente del OEP coincidió con ese punto de vista.

Marset

Mientras, el 7 de octubre se destituyó a cuatro funcionarios que estuvieron involucrados en la emisión de dos documentos de identidad falsos al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, pero el juez Primo Flores les dio detención domiciliaria.

“Esta persona tenía un documento de identidad uruguayo y otro brasileño, que eran legales y a raíz de eso fue que se emitieron las cédulas de identificación de Extranjeros (CIE) para su permanencia, como indican los convenios con Mercosur”, detalló Hermosa.

Según la directora, tras conocer este hecho se presentó una denuncia ante la Fiscalía y se brindó todos los datos de los funcionarios que emitieron los documentos para que sean sometidos al proceso penal.

“Investiga la autoridad competente, que es el Ministerio Público, nosotros nos presentamos como parte en esta investigación”, acotó.

Debido a que el cuestionado juez Primo Flores concedió detención domiciliaria a estas personas, se le preguntó a Hermosa si es que el Segip también se plegará al reclamo del Ministerio de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien acusa a este magistrado de favorecer a los cómplices de Marset y si pedirá que se endurezcan las medidas cautelares contra estas personas. “Ya están procesados, nosotros hacemos el seguimiento. Eran dos funcionarios en principio, pedimos la ampliación para dos más. Fueron desvinculados.

 Nosotros tenemos un procedimiento, que es la verificación a través de los equipos biométricos con los que contamos, como el de la huella digital. Estas personas tendrán que explicar en el proceso, por qué no realizaron la verificación con todas esas instancias pertinentes” para verificar la identidad del solicitante, que era el narcotraficante uruguayo.

El director de Sereci no quiso hablar de Marset. Patricia Hermosa dijo: “Hemos tomado medidas extremas en la seguridad de las nuevas cédulas. Es un tema que nos preocupa por supuesto. Tuvimos reuniones con el Sereci para que no haya un solo boliviano indocumentado. No tenemos un mecanismo integrado, es mejor interoperar”, dijo.