Ronald MacLean Abaroa
Javier Milei será un fenómeno mundial si logra poner orden en la economía argentina manteniendo a su vez el orden político. Asumiendo que por primera vez llega a la presidencia de ese país un verdadero economista, su más serio desafío será extender la ley y la disciplina fiscal al campo del orden público.

Con seguridad la Cámpora ya está preparada para romperlo, y procurará organizar protestas, causar muertos y deslegitimar al flamante gobierno liberal para mostrarlo como “asesino y criminal”. Ya conocemos la receta: de Bolivia a Chile, pasando por Ecuador y Perú, por nombrar los más conspicuos, la estrategia de la insurgencia “cultural” e “identitaria” comienza por deslegitimar al régimen de turno a través de la violencia provocada y endilgada al gobierno.

No sería extraño que el peronismo, la “casta”, le de la bienvenida al nuevo gobierno de Milei con una huelga general el 11 de diciembre próximo para paralizar la economía, incendiar la calle y así profundizar la crisis argentina, si eso es aún posible.

En esto será clave la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por la experiencia histórica en Bolivia, la desestabilización del orden democrático a través de las “guerras” del Agua (2000) y del Gas (2003), pasó por la complicidad o negligencia, voluntaria o no, de los dos vicepresidentes del respectivo gobierno democrático. No en vano decía el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada que su sucesor no caería del Gobierno porque no tenía vicepresidente, pero Evo Morales lo desestabilizó igualmente, acortando su término constitucional.

El problema radica en una débil comprensión de lo que significa la obligación constitucional de mantener “el orden político en las sociedades en cambio” y de carácter democrático. Ese es el título de la célebre obra del legendario científico político de Harvard, profesor Samuel Huntington, contemporáneo y colega académico de Henry Kissinger. 

Huntington sostiene que “no hay peor gobierno que el gobierno débil”. En otras palabras, “no hay peor gobierno que el que no gobierna”. Y ahí yace la aparente debilidad de las jóvenes democracias nuestras. El mantener el orden público y la seguridad ciudadana es la base fundamental en la que debe asentarse cualquier “contrato social”.

Las democracias, que deben ser gobernadas por leyes e instituciones, aun están identificadas en demasía por personas y partidos. Las fuerzas del orden, o sea las que están a cargo del orden interior, la Policía, o del orden externo, las Fuerzas Armadas, todavía sufren el complejo de ilegitimidad heredado de su ejercicio del poder político como dictaduras.

Las fuerzas del orden, que por Constitución deben ejercer el monopolio de la violencia, no han trascendido y aceptado su legítimo papel democrático y constitucional, de la legitimidad de sostener y defender la Constitución/las leyes ante la insurgencia. Es decir, defender el régimen y al régimen constitucional/democrático frente a la subversión. Lo que no significa defender a la persona, al presidente ni a su partido político, que a través del voto se han convertido legítimamente en representantes institucionales del Estado.

La obligación constitucional de defender al Estado por sus autoridades civiles y militares/policiales adquiere un sentido superior al de defender a un régimen/gobierno/partido/persona/presidente. Este deber constitucional no lo cumplieron los dos vicepresidentes de los gobiernos que enfrentaron las dos “guerras” del Agua y del Gas en Bolivia. Por el contrario, especialmente en el caso más reciente, el vicepresidente facilitó la caída del régimen antes de sostener la ley y cumplir con su juramento y deber legal. El precio que está pagando Bolivia es infinito.

Las altas autoridades civiles y militares que faltan a su deber constitucional son culpables del desorden político que mata a la democracia; no así aquellos que honraron su juramento de defender el orden constitucional. Estos últimos, en Bolivia, están exiliados o son presos políticos del régimen autoritario que mal nos gobierna, sin que sus instituciones militares y policiales hagan nada en su defensa. Son, irónicamente, militares y policías héroes de la democracia.

Existe una errada comprensión de parte de la ciudadanía y particularmente de cierta clase política sobre el legítimo empleo de la violencia/fuerza por parte de las instituciones del orden democrático y constitucional. La violencia de Estado es automáticamente asociada con la dictadura. Pero si la democracia no cuenta con la protección necesaria que obligue a respetar las leyes y el orden político, ésta está condenada a la permanente inestabilidad que hemos sufrido, y finalmente a la imposición de las autocracias, dictaduras electorales o a las dictaduras puras y duras como la cubana.

Bienvenido el nuevo gobierno argentino. El orden en las finanzas es tan importante como el orden en las calles, en el camino de la institucionalidad democrática. Javier Milei, como Victoria Villarruel, lo entiende y por ello Argentina se alza como una esperanza para salvar la democracia en América en base a la ley, el orden social y la prosperidad de sus gentes.

Ronald MacLean fue alcalde de La Paz y ministro de Estado.