Es de notable importancia que los tribunales de sentencia penal de la ciudad de El Alto de La Paz y la localidad de Sacaba en Cochabamba, hubiesen dictado fallos judiciales señalando que no procede el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez, sino que su caso amerita un juicio de responsabilidades. Poco después de conocido el fallo del tribunal alteño, también el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba se declaró incompetente para juzgar a la exmandataria. En ese sentido, dicho juzgado considera que procesarla por la vía ordinaria implicaría “vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica, incurriendo en nulidad absoluta y por ende en retardación de justicia para las víctimas”.
A esa decisión judicial, se sumó la opinión del presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, que dijo en la ciudad de Sucre: “La justicia ordinaria tiene independencia judicial. Por lo menos el suscrito presidente, en todo lo que ha tenido en gestión, ni por si acaso se animará a entrometerse en temas de carácter particular que llevan los más de mil jueces en toda Bolivia”. Además, manifestó: “Esa decisión fue rechazada por el gobierno y fiscalía, representaron recurso al respecto”, pero que “la intromisión así sea interna y peor si externa, lo que hace es dañar la independencia judicial”.
En general, se puede observar que la corriente de opinión para llevar a un juicio de responsabilidades a Jeanine Añez, cabeza del gobierno transitorio, tiende a fortalecerse, aunque no se sabe qué destino tendría en las instancias de apelación, si se toma en cuenta el estado de deterioro actual de la administración de justicia. Sin embargo, cuando realmente se sepa si existe interés en reformar la justicia, podría ser considerado el asunto de la independencia judicial, cualidad que debería resaltar siempre. Y es que uno de los escollos más espinosos que impiden su plena vigencia es el actual sometimiento del sistema judicial ante el oficialismo, lo que crea una serie de problemas, desde la retardación de justicia, hasta la corrupción y el procesamiento y encierro, mediante triquiñuelas jurídicas, particularmente de opositores.
En todo caso, los fallos de los tribunales de El Alto y Sacaba han puesto los puntos sobre las íes y se podría adelantar que un rayo de luz ha brillado entre las tinieblas que rodean al ámbito judicial.