¿Qué intereses escondidos existen detrás del conflicto entre la Alcaldía de Tiquipaya y la de Colcapirhua, sin perspectivas de solución duradera ni autoridad que imponga respeto al orden legal y con repetidos enfrentamientos violentos que dejan personas heridas, bienes destruidos y un ambiente de tensión en la vecindad?

La pregunta es pertinente e inevitable si consideramos el despliegue de violencia que ocurre episódicamente: al menos en tres ocasiones en los últimos cuatro meses, además de un bloqueo en  julio que interrumpió durante cuatro días la conexión carretera entre Santa Cruz y el occidente del país.

Todo eso por un conflicto de límites entre ambos municipios cuya solución está en proceso en la instancia estatal correspondiente: la Unidad de Límites de la Gobernación.

Ayer, los enfrentamientos entre gente de ambos bandos: vecinos y funcionarios ediles dejaron al menos tres personas heridas y una granja lechera y un vivero incendiados. Además, los movilizados agredieron a un periodista gráfico y amedrentaron a otros.

El motivo del conflicto es ahora el pavimentado de una vía que realiza la Alcaldía de Tiquipaya y que la de Colcapirhua quiere impedir.

El Alcalde de Tiquipaya, militante del MAS, denuncia que volquetas de Colcapirhua acarrearon gente para enfrentarse con los vecinos que hacían vigilia en la avenida donde se realizan los trabajos.

El Alcalde de Colcapirhua —también masista desde hace un año, aunque fue elegido como candidato de una coalición opositora— asegura desconocer tal situación y acusa a su par de Tiquipaya de armar un autoatentado.

Todo ello, con un despliegue de vecinos en vigilia desde hace días, gente ajena al lugar que atiza la confrontación violenta y profusión de petardos.

Esta vez, es la vecindad que sufre los perjuicios de esas acciones. En el bloqueo de julio, el daño afectó a los transportistas y los propietarios de la carga imposibilitada de llegar a su destino, es decir una gran cantidad de personas, y, de manera indirecta, toda la población cochabambina, pues esos perjuicios se traducen también en menos tributos, es decir menos recursos para invertir en beneficio colectivo.

Pero eso es ajeno a los impulsores de los enfrentamientos, cuyos intereses reales no pueden estar en el ámbito del bien común, como es poco creíble que la gente de a pie de Colcapirhua y Tiquipaya se movilice de manera espontánea, sin premio por hacerlo ni castigo por su ausencia.

Respecto de la gobernación de Cochabamba —la instancia facultada por ley para prevenir y gestionar conflictos de este tipo— no consigue imponer el imperio de la legalidad ni una solución duradera.