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Medio: Brújula Digital
Fecha de la publicación: miércoles 15 de noviembre de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Brújula Digital |15|11|23|
La Justicia reactivó procesos judiciales en contra de opositores. El martes ordenó la detención domiciliaria del alcalde de La Paz, Iván Arias, por un caso denunciado en 2021 y convocó a una audiencia cautelar a Arias y a la expresidenta Jeanine Añez, para este jueves, por el caso Jet Fuel. Además, hizo que Interpol active el sello rojo de búsqueda y captura en contra del exalcalde Luis Revilla.
Si bien la Justicia dispuso la detención domiciliaria de Arias, sin salida laboral, el burgomaestre desempeñó sus actividades este miércoles con normalidad, debido a que aún no fue notificado con esa decisión, la misma que fue apelada en la misma audiencia por su defensa.
No obstante, también se conoció que fue convocado a otra audiencia cautelar para este jueves, junto a la expresidenta Añez, por el caso Jet Fuel, relacionado con una presunta subvención irregular del combustible para aeronaves internacionales durante la pandemia del coronavirus, en el gobierno transitorio de Añez, en el que Arias desempeñó el cargo de ministro de Obras Públicas.
En la imputación, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Arias y Añez, en los penales de San Pedro y Miraflores, respectivamente. La exmandataria ya se encuentra recluida en ese recinto penitenciario, donde cumple una detención preventiva por el caso “golpe de Estado I”.
La determinación judicial en contra de Arias desató una protesta por parte de funcionarios ediles, quienes cercaron el Palacio Consistorial y también el inmueble habilitado como garaje.
Por otra parte, este miércoles, el director de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por su sigla en inglés) en Bolivia, coronel Marco Navia, informó que se activó el sello rojo, con fines de captura y extradición, en contra del exalcalde paceño Luis Revilla, por el caso denominado PumaKatari, por la compra de 61 buses con un presunto sobreprecio de 26 millones de bolivianos.
En el caso PumaKatari, demandado por el exdirigente vecinal afín al MAS Jesús Vera, Revilla es acusado de cometer los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.
Revilla se declaró en la clandestinidad en enero de 2022, por considerar que se era víctima de una persecución política a través de procesos judiciales, entre ellos el proceso por los buses PumaKatari.
BD/JJC



