El Comité pro Santa Cruz presentó la propuesta de una Nueva relación con el Estado central y cumplió así el mandato del cabildo más concurrido de la historia nacional. Es un proyecto ambicioso y claro, que pretende “liberar la autonomía secuestrada” y trazar las bases hacia el federalismo. El pilar fundamental es la libertad y se sustenta en la necesidad de tener una relación de iguales con el gobierno nacional, de manera que no haya cabida para el sometimiento cruceño.​

Se desarrolló en diez meses y en varios eventos: coloquios, foros, diálogos sectoriales, consultas y encuestas para recibir propuestas y sistematizarlas. La conclusión es un plan de acción en dos etapas, primero con la modificación de leyes que cercenan la autonomía y después con cambios puntuales en la Constitución Política del Estado para profundizarla.

Apunta a fortalecer la autonomía, en el entendido de que esta ha sido cercenada por leyes que concentran en el gobierno nacional muchas tareas que deberían ser definidas por los gobiernos departamentales y municipales; en muchas de las cuales el centralismo no suelta la definición de políticas, pero absorbe los recursos de gobernaciones y alcaldías. Asimismo, plantea la anulación de normas que se consideran “esclavizadoras”.

En un exhaustivo análisis se explica que el centralismo tiene más competencias que los otros niveles de gobierno y plantea modificaciones en la Carta Magna para cambiar el enfoque y que los asuntos centrales, que tienen que ver con la vida misma de los bolivianos, sean definidos en los departamentos, como la educación o la salud; que haya una administración de la justicia descentralizada; que exista una guardia departamental; que el pacto fiscal sea real, entre otras tareas que ahora son controladas por el gobierno nacional y que le quitan autodeterminación a gobernaciones y municipios.

Una de las paradojas que marca el 13 de noviembre como un día crucial para la vida de los cruceños es que, mientras el Comité pro Santa Cruz presentaba la propuesta de Una nueva relación con el Estado, varios alcaldes alineados con el partido de gobierno nacional, le pedían migajas al centralismo y se aprestaban a iniciar movilizaciones por la aprobación del Presupuesto General Reformulado.

La propuesta cruceña deja claro que no es separatista, sino que se da en el marco de la Constitución Política del Estado, exigiendo mutuo respeto con el gobierno central y, sobre todo, que se acaben las imposiciones y las injusticias con relación a Santa Cruz. El presidente cívico Fernando Larach señaló que el primer paso es liberar la autonomía secuestrada mediante un nuevo orden jurídico, que recupere competencias y después se profundice con mayor autodeterminación en las regiones. Y en esto, el ente cívico no se guardó nada. Planteó todas las aspiraciones, aún a sabiendas de que alcanzar esos objetivos traza un camino cargado de piedras del centralismo y de los centralistas.

El proceso debe culminar con un referéndum con resultados departamentales, de manera que se profundice la autonomía en las regiones que así lo deseen, como fue la aprobación de estatutos departamentales.

Al comenzar su discurso, Fernando Larach afirmó que el sometimiento cultural, la sumisión al centralismo y la obsecuencia política serían una condena anticipada a la extinción de Santa Cruz. La demostración de los abusos se ve en la discrecionalidad con que se entregan tierras a unos y se castiga a otros; la censura a los productores de la tierra (mayoritariamente cruceños), entre otras políticas que han buscado someter a Santa Cruz, como la brutal represión policial a las protestas ciudadanas y más.

La propuesta de una nueva relación con el Estado es una revitalización de la impronta libertaria cruceña, que lo único que busca es que la respeten.