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La dirección jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) presentó una apelación a la detención domiciliaria contra el alcalde Iván Arias y está a la espera de que la Justicia señale una audiencia para tratar la misma, Mientras tanto, el alcalde paceño cumple su agenda laboral, informó a EL DEBER la directora jurídica, Amparo Morales.
“Estamos a la espera de que el juez remita todos los antecedentes a la sala penal que se sortee y esta sala tiene que señalar una audiencia donde nosotros vamos a poder fundamentar todos los agravios que hemos sufrido con la resolución que dispone la detención domiciliaria”, explicó la funcionaria edil.
Por el momento, Arias no está cumpliendo su detención domiciliaria porque el juez segundo anticorrupción y violencia contra la mujer, Franz Zabaleta, no emitió aún un mandamiento de detención para que comience a cumplir la medida que se le ha impuesto.
La detención domiciliaria que dictó el juez Zabaleta para Arias es sin salida laboral, hecho que para la defensa es “uno de los agravios porque se ha desconocido las funciones que cumple el alcalde de La Paz”, y es uno de los puntos que se tratará en la audiencia de apelación.
“Estamos activando los instrumentos jurídicos para reclamar esto. El alcalde sigue en funciones. Incluso, si es que tuviera que cumplir la detención domiciliaria, él va a continuar siendo el alcalde municipal de La Paz”, subrayó Morales.
No obstante, según el abogado Israel Quino, la Ley 482 de Gobiernos Municipales, impide que Arias continúe como alcalde de La Paz, proceso que se cumplirá una vez el burgomaestre sea notificado formalmente con su detención domiciliaria.
“En municipios, como La Paz no goza de autonomía plena, al no tener carta orgánica municipal aprobada y en vigencia, se ve desfavorecido el alcalde Arias, porque no podrá acogerse a los beneficios como lo hizo el gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho para que gobierne desde su detención domiciliaria sin salida laboral”, dice el jurista Quino.
El artículo 11 de dicha norma señala “que aplica la ausencia por impedimento temporal de un alcalde a efecto de una medida legal (detención domiciliaria), dispuesta por un juez, una vez que sea formalmente notificado con la resolución judicial”.
Luego de esta notificación se aplica el artículo sobre atribuciones de los concejos municipales y se prevé la designación, por mayoría absoluta del total de votos de sus miembros, a un concejal titular y en ejercicio para que ejerza el cargo de alcalde en suplencia temporal.
Un hecho similar pasó con el alcalde de Potosí, Jhonny Llally, que enfrenta una denuncia penal por presunto abuso sexual.
Al respecto, la jurista Maldonado afirmó que en este caso el alcalde no está pidiendo suspensión de su cargo o no ha comunicado que se va a ausentar del cumplimiento de sus funciones. “Él continúa como corresponde, asumiendo sus funciones como alcalde municipal”.
En horas de la tarde, Arias acompañado de sus colaboradores más cercanos, funcionarios y militantes de su agrupación política emitió su postura sobre el fallo judicial en su contra y calificó la misma como un hecho “absurdo, inventado y sin argumentos ni fundamentos”.
“El día de hoy en un proceso absurdo, inventado y sin argumentos ni fundamentos, una exsubalcaldesa alega que la ofendí porque no asistí a una parrillada que ella organizó, que al despedirla no le aseguré su ingreso familiar futuro y que eso le generó un trauma psicológico”, dijo Arias.
El juez segundo anticorrupción y violencia contra la mujer, Franz Zabaleta, determinó detención domiciliaria sin salida laboral para el burgomaestre paceño Iván Arias, en un proceso que le instauró una exfuncionaria municipal de nombre Jacqueline Chavarría, que era subalcaldesa del Macrodistrito Max Paredes y que fue destituida por Arias en 2021.