El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció ayer que quieren tumbarlo. En una declaración pública, emitida después de conocerse un fallo de la Justicia que determinó su detención domiciliaria, aseguró que defenderá el voto con el que fue elegido. Arias fue acusado de violencia política, un delito denunciado en 2021 por Jaqueline Chavarría, quien fue subalcaldesa de uno de los distritos paceños.

“Esta decisión busca que La Paz se incendie, pero nosotros mantendremos nuestra política de ‘La Paz en paz’. Nosotros evitaremos la confrontación entre paceños y defenderemos el voto, además de nuestra gestión, con dedicación y transparencia”, señaló Arias desde la entrada del Palacio Consistorial.

La autoridad municipal rechazó la decisión judicial calificándola de un “golpe municipal” y aseguró que continuará trabajando. “Hemos jurado también entrar por la puerta ancha y también vamos a salir por la puerta ancha y no mediante golpes municipales, y no mediante persecución política que quiere desconocer el voto popular”, afirmó la autoridad.

Agregó que tiene 29 procesos en la Justicia, pero ninguno por actos de corrupción o enriquecimiento ilícito. “Lo que ha provocado esta absurda decisión judicial es que concejales inescrupulosos empiecen a frotarse las manos, y quieran entrar por la ventana a asaltar la Alcaldía y desconocer el voto popular”, complementó Arias.

Ayer, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Primero de La Paz ordenó la detención domiciliaria, la restricción de salidas laborales y una fianza de Bs 50.000 para el alcalde paceño, según informó la exsubalcaldesa denunciante. Informó que el burgomaestre no tendrá salidas laborales mientras cumpla el arresto domiciliario.

“El juez en plena valoración (de las pruebas del caso) determinó las medidas cautelares, la detención domiciliaria sin derecho a trabajo. Asimismo, una fianza de Bs 50.000 y las medidas de protección a mi persona. También se determina que el señor Arias no podría ingresar a la subalcaldía, que fue parte de los hechos de violencia”, dijo Chavarría, en una entrevista que concedió a medios estatales. Chavarría fue destituida de su cargo en septiembre de 2021 junto a Sheila Dávalos, exsubalcaldesa del distrito Mallasa, debido a denuncias por presuntos hechos de corrupción que, según dijo, nunca se llegaron a probar.

En septiembre de este año, el alcalde paceño también aseguró que está en proceso un “golpe municipal” contra su gestión a través de un complot sistemático que busca desestabilizarlo desde varios frentes. Nombró ataques a través de redes sociales, trabas en el Concejo Municipal y hasta solicitudes de informes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El diputado Renán Cabezas, de la facción evista del MAS, dijo ayer que Arias “debe responder por haber participado en el gobierno de facto”. Cuestionó al Gobierno por no promover esta detención.

Entre 2019 y 2020, Arias fue ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El pasado lunes, Arias estuvo en la capital cruceña y fue entrevistado en EL DEBER Radio donde adelantó que se reunirá con los cívicos cruceños, el 5 de diciembre, para conocer la propuesta de una nueva relación con el Estado. Además, la autoridad señaló que iba a trabajar en hacer un seguimiento al censo.

El abogado constitucionalista Israel Quino indicó ayer que la Ley 482 tiene tres artículos que impedirían que Arias continúe como autoridad municipal. En el artículo 11 —dijo— la normativa establece que aplica la ausencia por impedimento temporal de un alcalde electo de una medida legal (detención domiciliaria) dispuesta por un juez (instancia jurisdiccional) una vez que sea formalmente notificado con la resolución judicial. “Luego de esa notificación formal se prevé la designación, por mayoría absoluta, de votos del total de sus miembros, a una concejala o concejal titular y en ejercicio, para que pueda ejercer la suplencia temporal.

Quino afirmó que, “en sujeción del artículo 16 de esa ley esta designación debe recaer en una concejala o concejal de la misma agrupación ciudadana, en este caso la alianza Por El Bien Común – Somos Pueblo, con la que Arias terció para llegar a la Alcaldía.

“En municipios como La Paz, que no goza de autonomía plena al no tener su carta orgánica municipal aprobada y en vigencia, desfavorece al alcalde Arias porque no podrá acogerse a los beneficios del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho para que gobierne el municipio desde su detención domiciliaria sin salida laboral”, explicó Israel Quino. Manifestó que ocurrirá lo mismo que en el municipio de Potosí, donde actualmente gobierna una concejala-alcaldesa.

Desde que el MAS retornó se promovió la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores, incluyendo el gobernador Luis Fernando Camacho.

La dirección jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) presentó una apelación a la detención domiciliaria contra el alcalde Iván Arias y está a la espera de que la Justicia señale una audiencia para tratar la misma, Mientras tanto, el alcalde paceño cumple su agenda laboral, informó a EL DEBER la directora jurídica, Amparo Morales.

“Estamos a la espera de que el juez remita todos los antecedentes a la sala penal que se sortee y esta sala tiene que señalar una audiencia donde nosotros vamos a poder fundamentar todos los agravios que hemos sufrido con la resolución que dispone la detención domiciliaria”, explicó la funcionaria edil.