Si de juicios a protagonistas de la política nacional se trata, existen por lo menos dos percepciones claramente identificadas: la jurídica, que es la que aplica las normas de manera técnica, y la política, la que se empeña en conducir el rumbo de un proceso por un camino conveniente a intereses partidarios o de grupo.

No es necesario ser jurista o abogado para entender que muchos de los procesos iniciados a partir de los sucesos de octubre/noviembre de 2019 fueron asumidos y conducidos por la segunda vía; es decir, la de la política partidaria.

El caso más notorio es el de la expresidenta Jeanine Áñez que, pese a su condición de tal, fue acusada por el Ministerio Público ante tribunales ordinarios cuando lo que correspondía era que se la juzgue mediante un juicio de responsabilidades. Y esta percepción no tiene que ver con el origen de su mandato, si fue legal o no, ya que algo parecido ocurrió con Luis García Meza: tomó el poder por las armas, pero se lo juzgó con el referido procedimiento especial.

Las recientes decisiones de un tribunal de justicia y del Supremo Electoral podrían ser señales esperanzadoras de posibles cambios en la manera cómo el Ejecutivo define su estrategia política, especialmente ahora que la gestión del Estado enfrenta dificultades resultantes de la fractura (¿definitiva?) en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El Tribunal de Sentencia de Penal Cuarto de El Alto, “por voto unánime y conjunto de sus miembros, se declaró incompetente para conocer y resolver los hechos acusados por el Ministerio Público contra Jeanine Áñez Chávez y otros”, indica la resolución de los jueces de esa instancia, en el marco de uno de los procesos que enfrenta la exmandataria.

Esos jueces recomiendan, además, que los actos de la expresidenta deben ser juzgados en un juicio de responsabilidades, pues de otra manera se estaría poniendo “en duda” la legalidad de las actuales autoridades nacionales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), por su parte, resolvió anular el Congreso del MAS-IPSP realizado en Lauca Ñ a principios de octubre —donde se ratificó el liderazgo absoluto de Evo Morales en ese partido— debido a irregularidades e incumplimiento de requisitos contenidos en el estatuto orgánico de esa organización política.

Es cierto que ambas decisiones emanan de instancias estatales que, en principio y como lo establece la Constitución, son independientes de los otros órganos del Estado, pero en los hechos —y especialmente en lo que respecta a la administración de justicia— esa independencia es relativa, como lo demuestra la diligencia selectiva de fiscales y jueces en la aplicación de las leyes.

Es cierto también que las resoluciones de ambos tribunales se dan en una coyuntura marcada por dos factores: uno de ellos, la agudización del conflicto entre facciones masistas —evistas contra arcistas— en la perspectiva de la candidatura presidencial de ese partido para las elecciones de 2025. El otro reside en los problemas que enfrenta el Gobierno en la Asamblea Legislativa, donde los parlamentarios evistas (o radicales) traban la aprobación de leyes necesarias, y en muchos casos urgentes, para la gestión del Estado.

Esta inusual circunstancia, marcada por la existencia de una bancada masista opositora al Ejecutivo, tendría que propiciar una apertura en su estrategia para conseguir el apoyo de las organizaciones de oposición. Una apertura que debiera traducirse en debates y acuerdos entre bancadas con la finalidad de encarar con mejores perspectivas las múltiples crisis —económica, energética, judicial, etc.— que enfrenta el país y cuyo efecto perjudicial recae en los ciudadanos de a pie.