El día en que se conmemora un año del Cabildo de los Dos Millones por el Censo 2023, el Comité Cívico presentó el Informe Final de la Comisión Especial de Definición de la Relación de Santa Cruz con el Estado en el que se puso en marcha una estrategia política, jurídica, normativa y constitucional para “liberar a las autonomías de los candados del Centralismo”.

Fernando Larach, presidente del Comité, fue el encargado de dar los principales lineamientos del proyecto aprobado por la Comisión Especial y en su discurso resaltó que el planteo cruceño no implica una separación territorial respecto del Estado boliviano y señala al Federalismo como su horizonte de largo plazo.

Larach enfatizó que el corazón del planteo del proyecto cruceño se sustenta en la libertad, como valor fundamental que debe cimentar la nueva relación con el Estado central.

La propuesta plantea acciones estratégicas en los planos político, jurídico, legal y constitucional “para contrarrestar el bloqueo normativo y administrativo del nivel central del Estado que impide el correcto funcionamiento de las autonomías”.

“De eso se trata, de romper leyes esclavizadoras. En eso consiste esta primera etapa. Una vez liberados los candados legislativos, avanzamos a la segunda fase que es liberar los candados constitucionales, activando, mediante referéndum, una modificación parcial y específica de la Constitución”, indicó el líder cruceño.

El Comité pro Santa Cruz encabezó los trabajos que se iniciaron después del cabildo del 13 de noviembre, en donde uno de los mandatos fue la convocatoria a una comisión constitucional que, en un marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano.

Larach indicó la labor de la Comisión Especial permitió establecer un inventario de todos los “candados legislativos” que tienen clausuradas las puertas autonómicas y para ello, según el presidente el Comité, “ya se encontraron las llaves, los responsables, las acciones y las herramientas para abrir cada uno de esos candados”.

“Puerta por puerta y todo a su tiempo. Algunas de estas llaves activarán recursos de inconstitucionalidad, propuestas de modificación, eliminación parcial o total de las leyes que nos tienen esclavizados al centralismo”, manifestó Larach.

En un primer tramo, la estrategia está referida a la implementación de 10 específicas medidas de orden jurídico, administrativo y normativo, sin cambiar la Constitución Política del Estado (CPE).

Para la segunda fase se incluyen dos importantes transformaciones que también identifican acciones, responsables y resultados, previa modificación parcial de la Constitución, incrementando de 36 a 57 las competencias exclusivas del gobierno departamental autónomo y aumentar de 43 a 48 las competencias exclusivas del nivel municipal.

Así también, Larach explicó que la hoja de ruta apunta a realizar modificaciones concretas en el régimen de competencias concurrentes y compartidas, replanteando quién legisla, quién reglamenta y quién ejecuta.

“En esta segunda fase también se incluye un proceso descentralizador de las principales instituciones estatales, así como el procedimiento previo al nombramiento de autoridades administrativas, judiciales y electorales departamentales que les dote de una mayor autonomía técnica, administrativa y legal”, remarcó el dirigente.

Laracha advirtió que hay un desafío que debe ser alcanzado previamente a todo este proceso jurídico y político: la unidad, entre las fuerzas democráticas y, por tanto, un proyecto único, cohesionador y fortalecido que permita poner en marcha dichas reformas legales y constitucionales.

Larach dijo que, para ello, es fundamental “despojarse de caudillismos, mezquindades y pretensiones personales. Implica, desprendimiento, apertura y coincidencia en torno a la causa mayor por la democracia y la libertad”.

“Tenemos aquí la herramienta constitucional, jurídico y normativa, además, la legitimidad de las propuestas construidas por cientos de personas e instituciones que han trabajado en el proyecto durante estos diez meses”, sentenció.

Larach aclaró que si «hay gente que esperaba que aquí proclamemos una lucha armada o apelar y métodos violentos para romper abruptamente con el Estado boliviano, siéntanse legítimamente defraudados: la pregunta del Cabildo fue precisa: nos dio el mandato de revisar la actual relación con el Estado dentro del marco legal y democrático».