La controvertida y mal informada decisión de rechazar la nueva dirección nacional y el tribunal disciplinario del MAS-IPSP, elegidos en su congreso ordinario, ha puesto al TSE en el centro de la disputa. Peor aún con las declaraciones de algunos vocales que más parecen actores políticos que autoridades electorales. Hay que evitar una nueva crisis de la institucionalidad electoral.

Por disposición de la Ley de Organizaciones Políticas (2018), el Órgano Electoral Plurinacional tiene la atribución, entre otras, de “supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos de las organizaciones políticas en la elección de sus dirigencias y candidaturas”. Es una atribución muy importante porque contribuye a la democratización interna de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas. El TSE ha establecido un Reglamento de Supervisión (2021) para el efecto.

Existe una valiosa experiencia en la labor de supervisión realizada por el TSE y los tribunales electorales departamentales en torno a la vida orgánica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. La atribución es amplia y se inicia con el reconocimiento mismo de una organización política, su funcionamiento, su patrimonio y manejo de recursos, la promoción de su fortalecimiento, el cumplimiento de sus estatutos y la elección democrática y paritaria de sus dirigencias, delegaciones y candidaturas.

Así planteada en la normativa y en la dinámica institucional, la supervisión a las organizaciones políticas es necesaria y destacable. El problema es cuando se implementa e implica decisiones que no siempre son del agrado de todos. Un claro ejemplo es el caso del MAS-IPSP, en medio de sus disputas internas por la candidatura presidencial en las elecciones de 2025. Así se vio en la elección de direcciones departamentales, el congreso ordinario y hasta en un cabildo inexistente en el estatuto partidario.

Respecto a la nueva dirección nacional del MAS-IPSP, a la cabeza de Evo Morales, la Sala Plena del TSE decidió rechazar su registro. Lo hizo con arreglo a un “informe complementario” de la Secretaría de Cámara, que fue más allá del informe, previsto en el Reglamento, a cargo del Sifde, encargado de la supervisión en terreno del X Congreso Ordinario realizado en Lauca Ñ. Hubo mala información y declaraciones altisonantes sobre los fundamentos y efectos de la resolución del TSE, que la empañaron y debilitaron.

Lo más preocupante en este caso es la deplorable vocería del vocal Tahuichi, degradando su condición de autoridad electoral. Sin preocuparse por cuidar la institucionalidad, Tahuichi se convirtió en un actor político empeñado en afrontar, con declaraciones fuera de lugar, a la dirigencia del MASIPSP. Ello genera innecesarios cuestionamientos a un TSE todavía frágil. En lugar de atizar una nueva crisis de la institucionalidad electoral, el desafío es blindarla de cara al próximo ciclo electoral.