La división en el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y las fisuras entre los taxi-partidos de la oposición han consumido casi todas las energías de los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que, por efectos de las pugnas internas, ahora tienen directivas diferenciadas.

Llegando casi a mediados de noviembre y, con el ambiente navideño ya en el aire, el balance del trabajo de la ALP es innegablemente negativo.

En este año que entra a su recta final, la legislatura debía atender mínimamente algunas de las demandas relacionadas con los asuntos de fondo y otras cuestiones estructurales de la Constitución Política del Estado (CPE) que requieren actualización o, al menos, interpretación más ajustada. Debido a que el interés de todos, oficialistas y opositores, estuvo centrado en las pugnas, no se avanzó ni en ese ni en otros temas importantes.

Hay por lo menos dos asuntos que requieren una intervención urgente, reconocida por el mismo MAS: 1) La justicia, que, más allá de la elección, necesita cambios de fondo que garanticen la independencia y la no intromisión política en las deliberaciones, algo que en absoluto es sencillo; y 2) La cuestión de la estructura autonómica.

A estas alturas, se está dando por fracasado el desarrollo autonómico en todo el país y los más audaces han empezado a reclamar “federalismo” como alternativa, sin apenas evaluar las causas que han conducido al fracaso una apuesta que nunca fue del MAS, sino que se incluyó en la CPE por presión popular de los departamentos del sur y del oriente del país.

Es posible que en el ciclo 2006 - 2008 la autonomía se convirtiera en un significante vacío que solo servía para aglutinar a los opositores. Es posible que quienes abanderaron el proyecto tenían en realidad intereses de fondo por frenar y boicotear el proceso iniciado por el MAS. Y también es posible que, en el afán de incentivar el regionalismo propio, se escondieran pulsiones racistas y clasistas. Pero, fuera de cualquier otra consideración, no hay otra forma más propicia de administrar los recursos y servicios de este país que a través de una descentralización legítima, que garantice la eficiencia y la participación local en su máxima expresión.

Casi 15 años después, la autonomía no ha sido formalmente aprobada en media Bolivia, aunque se aplica, mientras que, en el resto, las limitaciones —también políticas e internas de los llamados a desarrollarla en los departamentos— han acabado por generar frustración.

La autonomía murió apenas unos meses después de su promulgación con la aprobación de la ley marco, que puso todos los candados posibles al manejo económico —que es en realidad la única fuente de autonomía posible—, y si bien en aquel momento se podía entender las reservas, ahora es preciso abrir vías para que se alcance los objetivos de autogestión prometidos, pues de lo contrario se empezarán a resentir otros principios elementales que hacen a la cohesión del Estado, ingresando a una deriva que puede no tener retorno, como otros países del entorno o del contexto europeo demuestran.

En Bolivia se necesita retomar el debate de la forma de administración, ante el centralismo secante y la autonomía insípida; pero para ello se debe profundizar el debate y conseguir que los representantes públicos se tomen en serio su primera misión: la política solo tiene sentido si mejora la vida de la gente, y para eso era la autonomía.