Los procesos son largos, pero las emociones y berrinches son pasajeros, pero ¿por qué dar gusto a una lectura sesgada de la oposición y a un oficialismo poco claro en su posición de defensa de un pilar reivindicado en un proceso de cambio por una democracia profunda?

Más allá de estos dos actores está el poder otorgado al pueblo para elegir magistrados y que estos en su ejercicio no se sometan a nadie, pero el miedo colonial aún persiste. ¿Qué hacer? Seguir perfeccionando un derecho que el pueblo reclamó para elegir a magistrados.

Lo que aún no se pusieron a pensar en uno y otro lado, y menos en la población, es que si se deslegitima un poder, se debilita el Estado de derecho y en este particular caso, si se lograra invalidar las elecciones judiciales, se estaría en obligación de declarar un situación de transición del Tribunal Supremo de Justicia y consecuentemente una modificación de la Constitución Política del Estado, sea para convocar a nueva elección judicial o para modificar el plazo de ejercicio de funciones de los actuales magistrados.

Entonces, ¿quién pierde? obviamente que el pueblo que se ganó el derecho de participar de elegir a magistrados, a los que se puede controlar bajo el mecanismo de control social.