Durante la democracia pactada (1985-2005), los gobiernos del MNR, ADN y MIR podían ser recriminados de todo, excepto el supeditar la Corte Nacional Electoral (CNE) al servicio de sus intereses. Sin duda, uno de los escasos méritos de estos partidos fue respetar la independencia del organismo electoral; nos legaron una entidad autónoma capaz de administrar procesos electorales de manera eficiente, imparcial y transparente. Es cierto, los vocales que eran unos “notables”, siempre hicieron respetar su autonomía y nunca cedieron a los intentos de injerencia de los otros poderes. Los observadores electorales internacionales, en distintos informes, elogiaron la labor desarrollada por la CNE. Aquella, quizá, fue la única época de auténtica primavera electoral en nuestra historia política.

Al gobierno de Evo Morales se le puede tolerar todo, excepto el subordinar al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a sus afanes de conservar el poder. Si la nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en el Referéndum de 2009, sustituyó la CNE por el OEP, esta entidad conservó su principal función: administrar los procesos electorales. Destacamos esta función debido a que el desempeño de esta responsabilidad permite observar ciertas iniquidades producidas por este órgano.

El 2010 el Órgano Legislativo eligió a las primeras autoridades del OEP. El MAS, con su hegemonía, designó vocales afines a su línea política que terminaron subordinados al partido de gobierno. Pero, debido al pésimo desempeño de sus funciones, oficialistas y opositores, les obligaron a renunciar antes de cumplir su gestión. En 2015 se eligieron otras autoridades electorales igual de sometidas y con peor destino que sus predecesoras; después del fraude cometido en las elecciones del 2019, a los vocales les exigieron dimitir y afrontar una querella judicial (injusta en el caso del ingeniero Antonio Costas). A fines del 2019, el parlamento eligió nuevos vocales con mayor pluralidad política, el MAS perdió hegemonía en el órgano electoral; pero la renuncia de tres vocales después de las elecciones de 2020, le permitió al MAS tener nuevamente el control de este órgano. Sin embargo, las pugnas entre “evistas” y “arcistas”, también dividieron a los vocales del OEP, lo cual permite avizorar una posible crisis en esta institución del Estado.

Las autoridades del OEP administraron distintos procesos electorales y en cada una de ellas florecieron determinadas iniquidades. Así, en las elecciones judiciales del 2011 y 2017, el resultado perverso no sólo fue que los votos nulos y blancos (58%) superaron a los válidos (42%), sino que la mayoría de las autoridades resultaron elegidas con porcentajes mínimos de apoyo: entre el 5% y 10%. Los resultados de ambas elecciones judiciales que, supuestamente, debía resolver el problema de la justica, nos brindaron autoridades judiciales con escasa legitimidad ciudadana y una justicia parcializada donde los opositores son perseguidos y los oficialistas quedan en la impunidad. En general, contamos con una justicia que tiene el mayor rechazo ciudadano, el 85% de la población considera que la Justicia es poco o nada confiable (ERBOL, 22 septiembre 2023).

Otra enorme iniquidad cometida por las autoridades electorales con inclinación masista fue la habilitación ilegal e ilegítima del binomio Evo Morales y Álvaro García para las elecciones generales de 2014 y 2019. Conforme el Artículo 168 de la Carta Magna vigente y, además, considerando las Disposiciones Transitorias del mismo texto constitucional (Artículo transitorio 1°, parágrafo II) que básicamente indican que el presidente y vicepresidente del Estado pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua y que los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución (elección de 2005) deben ser considerados como un primer periodo de gobierno. Así, la primera gestión de Morales y García fue de 2005 a 2009 y, la segunda, se extendió de 2009 a 2014; por tal motivo, la arbitrariedad cometida por el OEP se manifestó en la habilitación ilegal e ilegítima de estos candidatos.

El mérito de las actuales autoridades electorales, quizá más de los vocales que renunciaron (principalmente del acreditado Salvador Romero Ballivián), es haber administrado las elecciones del 2020 y 2021 con transparencia e imparcialidad. Pero, la encarnizada pugna interna del MAS, como dijimos antes, ha quebrado la hegemonía del MAS en el OEP: hay vocales que responden a Evo y otros a Arce. Las decisiones asumidas a favor de x (legitimar el Congreso de Lauca Ñ) son consideradas como una iniquidad por y; en cambio, si las decisiones se inclinan por y (otorgar 180 días más a los partidos para renovar sus directivas), las misma son catalogadas como una perversidad por x.

Los vocales se debaten en un fuego cruzado y, probablemente, reciben presiones de ambas facciones del MAS. Así, es posible que la gestión de las autoridades electorales no concluya en un final feliz. Realmente, ¡cuánto se extraña la independencia de los “notables”!

Eduardo Leaño es sociólogo.