AUDIENCIA. La expresidenta (al centro) cuando comparecía ante un juez en la ciudad de La Paz. ARCHIVO
En diez días, entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre, la justicia emitió tres fallos que favorecen legalmente a Jeanine Áñez y ordenan procesarla, respetando su calidad de expresidenta de Bolivia, en un juicio de responsabilidades, en Sucre.
A partir de estas decisiones de la justicia ordinaria del país, el caso podría pasar ahora a manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, en función del procedimiento constitucional, trate la autorización de un juicio de responsabilidades. Por mandato de la Ley, los juicios de privilegio a exmandatarios deben desarrollarse en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en Sucre.
LOS NUEVE PUNTOS
Este caso también suma un ingrediente político. Uno de los nueve puntos supuestamente acordados entre el ala “evista” del MAS y la oposición, para garantizar la reelección de Andrónico Rodríguez en la Presidencia del Senado, incluye el tema referido al “respeto al debido proceso para presos políticos”.
El sector “arcista” denunció que, con ese acuerdo, el “evismo” favorece a autoridades como Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el excívico potosino Marco Pumari y otros detenidos por hechos de 2019.
EL ALTO
El 30 de octubre, un tribunal de sentencia de la jurisdicción de El Alto resolvió que: “No (se) constituye (en) juez natural" para administrar la acusación fiscal de genocidio por las muertes en el barrio de Senkata contra Áñez” y que le corresponde un proceso según una ley vigente para juzgar a mandatarios bolivianos.
La decisión “es una luz de esperanza” y una muestra de que “se está acatando lo establecido en la ley”, declaró en ese entonces Luis Guillén, abogado de la exmandataria interina, detenida en La Paz desde marzo de 2021.
SUCRE
Al día siguiente, el 31 del mes pasado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia admitió analizar un recurso de casación presentado por la defensa de la expresidenta Áñez. Aceptó así analizar hechos como la renuncia y la salida del país del expresidente Evo Morales y de su exvicepresidente Álvaro García Linera, además de las dimisiones de los expresidentes de las cámaras de la línea de sucesión constitucional y no de sus curules.
El 11 de junio de 2022, Áñez, en la vía ordinaria, fue sentenciada a 10 años de cárcel. Se la acusó como senadora por los dos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes, conocido como el caso Golpe II y, además, por asumir la Presidencia tras la renuncia de Morales un día como hoy, 10 de noviembre, pero de 2019.
Áñez, quien se declaró “presa política” en el penal de Miraflores, fue arrestada en marzo de 2021 y desde entonces se encuentra con detención preventiva enfrentando un total de siete casos en su contra.
COCHABAMBA
Este jueves 9 de noviembre, al igual que el Tribunal de El Alto, que declinó juzgar a Áñez en la vía ordinaria por el caso Senkata, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba en Cochabamba se declaró incompetente para llevar adelante un proceso en contra de la misma exautoridad e indicó que le corresponde un juicio de responsabilidades.
En este caso, la Fiscalía presentó la acusación contra Áñez por el delito de genocidio debido a las diez muertes que dejó una represión policial y militar en la localidad cochabambina de Sacaba en noviembre de 2019.
La Fiscalía procesó a Áñez en la vía ordinaria con el argumento de que ella asumió el cargo de Presidenta de manera inconstitucional; sin embargo, la defensa sostenía que correspondía iniciarle un juicio de responsabilidades, sin importar la forma de asunción al cargo.
FISCALÍA
Antes de conocerse la posición de los juzgados de El Alto y Sacaba, el pasado 24 de octubre el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, presentó, por la vía ordinaria, su acusación contra Áñez por el delito de genocidio y pidió 30 años de cárcel por los hechos en Sacaba y Senkata.
En la acusación fiscal, además, se incluyó a los exministros de Defensa, Luis Fernando López; de Gobierno, Arturo Murillo; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, además de 13 jefes militares y policiales.
Fiscalía debe restablecer el trámite
Si la justicia ordinaria confirma la determinación de los juzgados y tribunales ordinarios de declararse incompetentes para procesar a la expresidenta Jeanine Áñez por los casos Golpe II, Sacaba y Senkata, la Fiscalía General deberá activar su competencia en la vía de juicio de responsabilidades y restablecer el trámite de requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para la correspondiente autorización en la Asamblea Legislativa.
El fiscal general Juan Lanchipa, en agosto de 2020, presentó ante el TSJ el requerimiento acusatorio en contra de Áñez y que se remita a la Asamblea Legislativa para la autorización de juicio de responsabilidades por los muertos y heridos de Sacaba y Senkata, producto de los sucesos de noviembre de 2019. Después del cambio de gobierno y la asunción de Luis Arce en la Presidencia, la Fiscalía cambió de estrategia y decidió llevar estos juicios a la vía ordinaria.
El Ministerio Público acusa a las exautoridades de genocidio y vulneración de derechos humanos en las “ejecuciones sumarias”, como identificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Áñez: El pueblo defendió la democracia
La expresidenta Jeanine Áñez confirmó que fue notificada por el Tribunal de Sentencia 1ro de Sacaba con la resolución de incompetencia para procesarla en la vía ordinaria por las muertes en el puente Huayllani.
“He sido notificada con Res 8/11/2023 del Tribunal de Sentencia Nº1 de Sacaba que declara su incompetencia para juzgarme por corresponderme #JuicioDeResponsabilidades como ex Presidente de Bolivia. Tras el fraude y vacío de poder, el pueblo defendió la democracia y cumplí la CPE”, afirmó a través de sus redes sociales.
El rechazo se da dentro del caso “Huayllani”, denominado así porque en el puente que lleva el mismo nombre, en Cochabamba, fallecieron diez personas durante los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en 2019, cuando Áñez asumió la Presidencia de Bolivia. En este caso, la Fiscalía presentó la acusación contra la exmandataria por el delito de genocidio. El Tribunal de Sacaba señaló que, si instala un juicio ordinario en contra de Áñez, estaría incurriendo “en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica incurriendo en nulidad absoluta y por ende en retardación de justicia para las víctimas”.
Víctimas de Senkata piden explicaciones
La Asociación de Viudas, Huérfanos, Heridos, Torturados, ‘Víctimas de Senkata del Departamento de La Paz” envió ayer, jueves, una nota al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, pidiendo una audiencia para que aclare los alcances de su acuerdo con la oposición sobre los presos políticos.
El pedido surgió después de conocerse que Rodríguez se comprometió a cumplir una agenda legislativa de nueve puntos de interés de la oposición; a cambio, se garantizó los suficientes votos para su reelección como presidente de la Cámara de Senadores.
El representante de las “víctimas de Senkata”, David Inca, explicó a ANF que la audiencia es para que el Presidente de la Cámara Alta explique cuáles son los alcances del acuerdo en relación con el caso Senkata.
“Justamente vamos a pedir en esta reunión que también se incorpore en la agenda el tratamiento de la ‘Ley de reparación integral para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos’. (Además), como ha existido una decisión judicial de El Alto, en la cual ha determinado que (Jeanine) Añez no va por un juicio ordinario, sino por un juicio de responsabilidades. En esta reunión, también le vamos a pedir al señor Andrónico que nos garantice los dos tercios (de votos) para que diputados y senadores, sobre todo, senadores, aprueben el juicio de responsabilidades contra Añez”, declaró Inca.
En reiteradas oportunidades, Inca subrayó que a las víctimas no les interesa definir si en el país hubo “fraude” o “golpe de Estado” en 2019, pero sí les interesa una reparación integral, situación que esperan desde hace cuatro años.
“Que nos aclare, ¿qué quiere decir para la Asamblea Legislativa el hecho de reconocer que en Bolivia hay perseguidos políticos? El informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) no hace referencia a eso”, subrayó.
