En países verdaderamente democráticos y bien organizados, cuando llega el tiempo de hacer un cambio de gobierno, se convoca a elecciones generales brindando todas las garantías para que sea un proceso limpio, transparente y no sea motivo de reclamos o controversias, en cualquiera de sus etapas.

En nuestro país, lamentablemente, eso no ocurre, particularmente en los últimos años, desde la instauración de un régimen populista. Recordemos al respecto que los resultados de los comicios de octubre de 2019 fueron motivo de multitudinarios cabildos de protesta en todo el país porque se sindicaba al gobierno de Evo Morales de haber hecho un fraude electoral para ser reelecto como mandatario.

Ante la convulsión social, ese gobierno pidió a la OEA una auditoría para que resuelva “todas las dudas” electorales.  Además, aseguró que las resoluciones de dicha auditoría serían “vinculantes” para las dos partes. Ese informe reveló alteraciones de actas, falsificación de firmas de jurados de mesas, manipulación de datos, suplantación de actas, pérdida de “material sensible”, entre otras irregularidades.

Como se advierte, varios problemas ponen en duda que realmente ese proceso electoral haya sido correcto y sin marcha. Posteriormente, poco a poco estudiosos del tema hicieron conocer, por ejemplo, que un complejo sistema electoral fue puesto en marcha por asesores venezolanos, cubanos y rusos, seguramente expertos en manipular datos. Revelaron que miles de bolivianos fueron inscritos de manera dudosa, que compatriotas que residen en otros países aparecen en registros como si hubieran votado, etc.

Asimismo, manifestaron que el fraude electoral es el método utilizado para los políticos populistas que quieren atornillarse en el poder. Con ese propósito, es muy importante para ellos tomar el control de los comicios, en todas sus fases. Por ello se afirma que, en nuestro país, el padrón electoral está bajo control, con numerosos candados en poder del MAS. En consecuencia, sería muy difícil imponer la verdadera voluntad popular. Una prueba de lo que se observa es que resulta casi imposible recabar datos del padrón electoral, del Registro Civil o de Identificación Personal. Además, son constantes las denuncias sobre duplicidad de documentos de identidad o falsificación de otros, como se descubrió varias veces, inclusive en manos de involucrados en narcotráfico.

En tal sentido, según una encuesta de Unitas de junio de 2023, “el 70% de la población cree que en 2019 hubo un fraude electoral que llevó a la crisis de octubre y noviembre de aquel año”. Y el 51% de los consultados consideró que no hubo un golpe de Estado en 2019.

Por todas las irregularidades mencionadas, es urgente la elaboración de un nuevo Padrón Electoral, ya que del actual desconfía la población. Sin embargo, no se vislumbra voluntad política para garantizar la limpieza y transparencia de próximos comicios, sino que solo surgen protestas y rechazos de portavoces del partido en función de gobierno, lo que pone en duda que realmente en el país esté vigente una democracia plena.