Dos meses antes, el 14 de marzo de 1951, Bolivia había firmado el Tratado de Cooperación Técnica del Programa Punto IV, mediante el cual Estados Unidos asumía el rol de potencia donante de asistencia condicionada y Bolivia asumía el rol de país receptor obligado a aceptar esas condiciones. De hecho, en 1952, cuando Víctor Paz llegó al poder, se encontró como líder de un gobierno antiimperialista y revolucionario, pero atrapado económicamente en los “imperativos” económicos impuestos por Estados Unidos.

La realidad inexcusable era que la asistencia estadounidense americanizaba todo lo que tocaba, partiendo de lo político, legislativo, cultural, educativo, religioso, productivo, comercial y —por supuesto— el sector militar. Con toda esa superestructura diseñada para marcar el rumbo del país receptor, los gobiernos de estos pueblos eran tan frágiles que apenas llegaban a funcionar condicionados, y bajo la mirada vigilante de los guardianes de los dueños del poder. Sus opciones eran someterse a los “imperativos” de la realidad política y económica continental o ser derrocados y reemplazados.

Daba la impresión de que cualquier general podría iniciar un golpe de Estado, algún oficial, o incluso algún exmilitar con ganas de volver al poder. Parecía que Bolivia era tan endémicamente golpista que bastaba que alguien lo propusiera para que el golpe de Estado se perpetrara. Lo que sucedía, en realidad, era que la superestructura que manejaba Bolivia lo decidía absolutamente todo; y, en efecto, era irrelevante cuál de sus peones se adelantara para proponer el golpe y recibir el apoyo que ya estaba asegurado. Esos eran los tiempos de unas Fuerzas Armadas adoctrinadas en la Escuela de las Américas, para olvidarse de resguardar la soberanía nacional, y asumir el papel de represoras de sus propios pueblos, con la excusa de precautelar la seguridad interna y continental.

Incomprensiblemente, en pleno siglo XXI y después de 12 años de descolonización en Bolivia, hay todavía algún exmilitar prófugo de la Justicia, tan anclado en el pasado, que desde su refugio en Estados Unidos se disfraza de presidencial, y lanza arengas golpistas a las nuevas Fuerzas Armadas antiimperialistas de Bolivia. Por increíble que parezca, existen todavía personas que no logran entender que los “imperativos” han cambiado en Bolivia; que la superestructura golpista ya no existe; lo cual deja a los nostálgicos golpistas en la ridícula posición del delirio.  

Lo único que les faltaría sería arengar a Luis Arce Gómez, el exministro del Interior del dictador Luis García Meza, para que desde su silla de ruedas en la celda de su prisión se lance a comandar nuevamente otro golpe de Estado con comandos fascistas de los países vecinos en el contexto del Plan Cóndor. Arengas irracionales, solo creíbles en el ámbito de la irracionalidad.