Existe un dato contundente para comprender el crecimiento de la población urbana y el despoblamiento rural que está recogido por el INE en el Censo del año 2012. El crecimiento nacional entre los censos 2001 y 2012 fue de 1.7 mientras que el crecimiento urbano correspondió al 2.4 contra el 0.5 de crecimiento rural. Esta sola información de hace 11 años atrás, debió haber servido para revisar y modificar las políticas públicas y los discursos sobre la realidad boliviana. Para decirlo en sencillo, no se trata de ser más o menos comprometidos con los bolivianos “originarios indígenas campesinos”, se trata de comprobar qué estamos haciendo como sociedad y como Estado, para darle respuestas concretas a la gente, a donde vive y tiene sus necesidades existenciales.

Si a ese dato le incorporamos la secuencia de los Censos 1950/1976/1992/2001/2012, la contundencia es mayor. Un país que no se reconoce urbano en número y realidad, no podrá dar respuesta ni a la población que vive en las ciudades ni a quienes languidecen en las distancias de nuestra geografía al no tener explicación para el volumen de la migración, el abandono de las zonas rurales, el crecimiento de las ciudades, las demandas metropolitanas, la exigencia de servicios básicos, y continuará reflejándose en la crisis del sistema político. Y si, además, no sabe que el 60% de la población es menor de 30 años, tenemos los componentes para una tormenta social perfecta.

La insistencia en exigir un Censo transparente el 23 de marzo de 2024 nace de la necesidad de reconciliarnos con la realidad sabiendo desde ahora que el Censo estará marcado por 3 inflexibilidades: a) abandono rural y aumento de la migración hacia áreas urbanas, capitales departamentales y regiones metropolitanas. b) disminución de la fecundidad de la población, consecuencia de los cambios de residencia, de las condiciones materiales de los migrantes, de las exigencias que deberán enfrentar en sus nuevos lugares de vida y trabajo; y, c) cambios generados por el COVID, por fallecimientos y las consecuencias de mayores exigencias en servicios básicos, inexistentes en los territorios.

Sin embargo y aunque el Censo es un componente de la urgencia ciudadana, existen otras acciones que están relacionadas con el futuro de la Democracia y necesitamos colocarlos en contexto para no correr riesgos innecesarios. Si habláramos de una Ruta Crítica con acciones inmodificables y de fechas definidas, tendríamos una lista contundente:

1.     la elección de los órganos del Poder Judicial, 2023.

2.     la realización del Censo y el uso de sus resultados, 2024

3.     los ajustes al sistema electoral para garantizar elecciones que superen los problemas del 2019,

4.     la nueva distribución del poder público, los escaños y los recursos.

5.     las elecciones nacionales. 2025.

6.     las elecciones territoriales 2026.

Para llegar a estas metas tendremos que administrar una coyuntura cada vez más provocadora y que demandará cabeza fría y corazón ardiente para no perder el camino. Las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados anunciando un periodo de inestabilidad que podría generar un adelanto de las elecciones, la cada vez mayor confrontación vocinglera entre los líderes masistas Arce y Morales, la dificultad para elegir directivas camarales, la ausencia de un Presupuesto General de la Nación 2024 aprobado, la falta de diesel,  las movilizaciones callejeras del MAS por la disputa del poder interno, y la falta de una propuesta alternativa desde la oposición, no parecen facilitar el escenario.

Mientras todo esto ocurre en la superficie de las humaredas y titulares de los medios, la Bolivia de la gente cotidiana, el 80% de la población seguimos trajinando por las calles de nuestros pueblos y ciudades, y el otro 20%, esperando la lluvia para sembrar y no tener que dejar el campo.

Esto no es ni trágico ni cruel. Es la realidad.