Las recientes decisiones de un tribunal de justicia y del Supremo Electoral, podrían ser señales esperanzadoras de posibles cambios en la manera cómo el Gobierno define su estrategia política, especialmente ahora que la gestión del Estado enfrenta dificultades resultantes de la fractura (¿definitiva?) en el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El Tribunal de Sentencia de Penal Cuarto de El Alto, “por voto unánime y conjunto de sus miembros, se declara incompetente para conocer y resolver los hechos acusados por el Ministerio Público contra Jeanine Áñez Chávez y otros”, indica la resolución de los jueces de esa instancia, en el marco de uno de los procesos que enfrenta la exmandataria.

Esos jueces recomiendan, además, que los actos de la expresidenta deben ser juzgados en juicio de responsabilidades, pues de otra manera se estaría poniendo “en duda” la legalidad de las actuales autoridades nacionales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), por su parte, resolvió anular el congreso del MAS-IPSP realizado en Lauca Ñ a principios de octubre —donde se ratificó el liderazgo absoluto de Evo Morales en ese partido— debido a irregularidades e incumplimiento de requisitos contenidos en el estatuto orgánico de esa organización política.

Es cierto que ambas decisiones emanan de instancias estatales que, en principio y como lo establece la Constitución, son independientes de los otros órganos del Estado, pero en los hechos —y especialmente en lo que respecta a la administración de justicia—esa independencia es relativa como lo demuestra la diligencia selectiva de fiscales y jueces en la aplicación de las leyes.

Es cierto también que las resoluciones de ambos tribunales se dan en una coyuntura marcada por dos factores.

Uno de ellos es la agudización del conflicto entre facciones masistas —evistas contra arcistas— en la perspectiva de la candidatura presidencial de ese partido para las elecciones de 2025.

El otro reside en los problemas que enfrenta el Gobierno en la Asamblea Legislativa, donde los parlamentarios evistas traban la aprobación de leyes necesarias, y en muchos casos urgentes, para la gestión del Estado.

Esta inusual circunstancia, marcada por la existencia de una bancada masista opositora al Ejecutivo, tendría que propiciar una apertura en su estrategia para conseguir el apoyo de asambleístas de Comunidad Ciudadana y de Creemos.

Una apertura que debiera traducirse en debates y acuerdos entre bancadas con la finalidad de encarar con mejores perspectivas las múltiples crisis —económica, energética, judicial, etc.—  que enfrenta el país y cuyo efecto perjudicial recae en los ciudadanos de a pie.