Al terminarse el mes de octubre, concluyó, también, la legislatura 2022-2023 sin que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) haya sancionado norma alguna que apunte a mejorar la vida de los bolivianos, pues los temas que requieren de una atención urgente quedaron postergados sin plazo.

A la hora de las evaluaciones, este poder u Órgano del Estado viene a resultar uno de los más costosos y el que menos hace para justificar su presupuesto que, digo sea de paso, fue incrementado en la legislatura recientemente concluida.

La ALP ha prolongado indefinidamente el debate y solución de la polémica por las elecciones judiciales, y ahora está ocupada casi de lleno en la discusión del proyecto de ley para modificar el Presupuesto General del Estado 2023 enviado por el Órgano Ejecutivo.

El Parlamento boliviano parece haber renunciado hace tiempo a su misión de legislar y fiscalizar, es más, ahora tiene suspendido el ejercicio de su atribución de interpelar a los ministros.

Ya antes había dejado claro que no pretendía abordar una reforma fiscal, pues más allá del testimonial Impuesto a las grandes fortunas, ni siquiera pudo conseguir que las plataformas tipo Netflix o Google paguen sus impuestos en el país porque algunos adujeron que eso encarecería el producto.

Tampoco se consideró la posibilidad de una reforma educativa que nadie ha planteado de forma seria ni lo hará.

Si revisamos los diferentes órdenes del día de sus sesiones, encontraremos que casi nada de lo tratado en la legislatura recientemente concluida le sirve al interés nacional.

No se abordó temas tan importantes como las reformas de fondo en la Policía o en las Fuerzas Armadas, los que parecían una prioridad después de la convulsión social posterior a las fallidas elecciones de 2019.

El único logro significativo de esta legislatura parece ser haber sancionado la Ley del Oro para salir al paso de una crisis de divisas y permitir que el Banco Central de Bolivia venda las reservas de ese metal precioso.

Si el objetivo era no hacer nada, sin dudas se ha conseguido. Incluso los problemas con el dólar han acabado de esa manera. Nadie habla de reforma tributaria y mucho menos de Pacto Fiscal pues, tras 11 años de incumplimiento, el reclamo se saldó con una leve promesa de reunirse después de que haya datos del Censo. Una obviedad.

También ha quedado fuera de debate el asunto de la federalización, que en realidad nunca llegó a ser agendado de forma seria, por mucho que el sistema autonómico esté por demás agotado y la mitad de los departamentos sigan sin tener una norma estatutaria consensuada.

La Asamblea Legislativa Plurinacional está tan devaluada en Bolivia que, en realidad, no ha habido avances de fondo en la estructura legislativa del país ni se ha apuntalado la igualdad de oportunidades.

Así, considerando la perspectiva de prematuro afán preelectoral y las pugnas en el MAS, cuyos asambleístas, aunque divididos, son mayoría, son vanas las esperanzas de que el primer Poder del Estado contribuya a enderezar el deterioro de las instituciones, de la democracia y de la calidad de vida del ciudadano de a pie.

Por lo apuntado, y lo que se ha visto en más de la mitad de su mandato constitucional, el ritmo de trabajo de la ALP no va a cambiar en el tiempo que les queda. La remoción de las directivas camarales, si es que ocurre, será, simplemente, cambio de rostros y de manera de conducirlas administrativamente… nada más.