El expresidente Evo Morales Ayma, máximo y eterno dirigente de los cocaleros del Chapare, asimila con cierto grado de ira sus últimas derrotas políticas. Contra viento y marea llevó adelante el congreso orgánico del Movimiento Al Socialismo donde fue proclamado como jefe nacional y único candidato presidencial para los comicios de 2025. No podía ser de otra manera ya que el estatuto orgánico del MAS le rinde pleitesía.

Acostumbrado a que los abogados se encarguen de sus asuntos personales, omitió un requisito muy sencillo: obtener su certificado de militancia con más de 10 años de antigüedad, un trámite simple que sólo cuesta Bs 30, según informó el vocal Tahuichi Tahuichi.

Por ese error y otras irregularidades un poco más serias, el Tribunal Supremo Electoral decidió desconocer el congreso del MAS y concedió un plazo de medio año para que el partido en función de Gobierno, ahora dividido entre evistas y arcistas, retome la senda de la legalidad y democracia interna. Por cierto, otros dos partidos -UCS y el Movimiento Tercer Sistema- también tendrán que rehacer sus tareas porque no cumplieron a cabalidad los mandatos de la Ley de Organizaciones Políticas.

Lejos de admitir las determinaciones del TSE, Morales y sus correligionarios anunciaron su desacato y advirtieron que sus bases, cocaleras sobre todo, están con ánimos de desatar una convulsión social, simple y llanamente porque no conciben que un órgano del Estado imponga la legalidad por encima del deseo personal de un ciudadano que debería ser el primero en cumplir y hacer cumplir las leyes.

El dirigente masista tiene otros frentes abiertos. Por el momento, está distanciado del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca. Varios de los sindicatos campesinos y obreros que formaron parte de su estructura política están divididos. Siendo presidente, Morales recurrió al paralelismo sindical para desarticular corrientes críticas a su gobierno y ahora esa estrategia le está  jugando en contra.

En la Asamblea Legislativa, la facción evista ha perdido el control de la Cámara de Diputados y tambalea la casi hegemónica presidencia de Andrónico Rodríguez en el Senado. Adicionalmente, el Gobierno ha cortado, en gran medida, el flujo de aportes económicos obligados que hacían miles de funcionarios públicos a las arcas del MAS. Ciertamente, afecta el no disponer del aparato del Estado.

La decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto de declinar competencia en el proceso contra Jeanine Áñez por las muertes de Sacaba y Senkata también afecta el capital político de Evo Morales, porque si se llegase a instaurar un juicio de responsabilidades, el exmandatario  tendría que rendir cuentas al país por las acciones personales e institucionales asumidas en octubre y noviembre de 2019.

En ese complejo escenario, Evo tiene pocas alternativas para reposicionarse políticamente: obedecer la ley o ir a las medidas de hecho con bloqueos de por medio. Morales es hombre de imposiciones, no de consensos; por lo tanto, es altamente probable que en las semanas venideras el país vuelva a paralizarse por los condenables cierres carreteros, con todas las desastrosas consecuencias que esas acciones implican.

¿Hasta qué punto Bolivia puede y debe soportar semejantes excesos y abusos? La respuesta es clara. Esta patria no merece una sola piedra en el camino para justificar el accionar de un hombre que está dispuesto a causar daños al país solo para volver a gobernarlo.