Cuando las urgencias aprietan, toca ajustarse el cinturón. Y aunque sea verdad que Tarija necesitaba haber sincerado el costo de su institucionalidad hace mucho tiempo, también es verdad que más vale tarde que nunca.

Los recursos departamentales han caído de los 6.500 millones de bolivianos de 2015 a apenas mil en estos tiempos de post pandemia. Primero fueron los precios bajos del barril de petróleo con el que se calculan las regalías. Después la pírrica producción que queda en el departamento luego de haber sido el gran proveedor del país. La cuestión es que por el momento no hay arreglo posible en el corto plazo – cada proyecto de exploración cuesta unos 8 años -, y cuanto más se tarde en reconocer la situación crítica, será peor.

Desde los tiempos de Lino Condori, que fue la administración (2011 – 2015) que gozó de los mayores recursos de la breve historia autonómica de Tarija, todos los gobiernos posteriores han comprometido recortes sustanciales en el gasto corriente, es decir, en personal y en compras menores, lo que supone una política con efectos inmediatos en el desempleo y en el dinamismo de las pequeñas empresas locales, pero, se supone, con efectos tangibles en el largo plazo. Oliva aseguró recortes de más del 50%, Montes lo propio.

Quien sin embargo menos esfuerzos ha hecho nunca en ese sentido ha sido la Asamblea Legislativa Departamental, constituida desde el inicio con 30 asambleístas titulares y otros tantos suplentes, con un sistema de reparto que garantiza un mínimo por provincia (2) y reparte otros 15 por población y provincia de una forma un tanto menos equitativo. Los datos siempre han sido significativos, pues en relación a la población y el territorio es la Asamblea más poblada y más cara.

El asunto se pone grave a la hora de repasar sus funciones, pues ni en el plano legislativo ni en el fiscalizador se han percibido apenas resultados. En materia legislativa, desde que se adecuó con muchas dificultades el Estatuto a la Constitución en el primer mandato, la producción se ha limitado a asuntos conmemorativos o ideas más o menos ejecutivas – crear un bono, crear una canasta, etc., - pero ha bordeado siempre los temas profundos, como el Pacto Fiscal Departamental.

En materia de fiscalización, a estas alturas no se conoce un solo escándalo que haya tenido origen en una investigación de un asambleísta. Pese a ello, tanto para legislar como para fiscalizar, la Asamblea consume un ejército de asesores y ayudantes que cuestan demasiado al erario público.

Es verdad que en algún momento se bajaron el sueldo – aunque después lo subieron con mucha más nocturnidad y alevosía -, pero el debate hoy es acabar de una vez con el exceso de representantes que apenas aportan nada: es imprescindible abrir el debate sobre la representación, llevarlo con moderación y culminarlo en un referéndum que nos de una nueva dimensión de la Asamblea, sin duda un instrumento clave para el desarrollo autonómico pero que no lo es.

Es tiempo de cerrar los debates inacabados y este es uno de los prioritarios.