La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) rechazó y determinó el cierre del trámite de la denuncia que habían interpuesto el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Grande de Dios (CITRMD), en contra del Estado boliviano por la supuesta situación de riesgo y daño irreparable de un presunto pueblo en aislamiento voluntario en el norte amazónico del departamento de La Paz.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión IDH, mediante una carta emitida 12 de julio y decepcionada ayer,  señaló que "teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado", con ello concluye el caso a favor del Estado boliviano, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).

Los demandantes solicitaron a la Comisión IDH ordenar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) paralizar sus actividades de prospección sísmica en la zona de la Cuenca Madre de Dios (Área Nueva Esperanza); prohibir el ingreso de personas ajenas a dicha zona; así como constituir una comisión de expertos nacionales e internacionales que actúa como garante de la implementación de las medidas cautelares.

Sin embargo, durante el procedimiento, "la Procuraduría General del Estado demostró que las acciones de la empresa pública YPFB, en todo momento, se enmarcaron en la Constitución y la ley, así como en el respeto a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, al haberse llevado adelante un proceso de consulta previa, libre e informada, con la participación de la comunidad Tacana II, incluyendo la elaboración de una evaluación de impacto ambiental y la utilización de Monitores Socio Ambientales Indígenas que provenían de dichas comunidades", señaló la PGE en un comunicado de prensa.

El procurador general Pablo Menacho señaló que "es importante el resultado obtenido ante la CIDH, con el cierre y archivo de la solicitud de medidas cautelares, puesto que demuestra que la empresa estatal YPFB, en sus operaciones hidrocarburíferas, cumple con la normativa nacional e internacional que protege y garantiza los derechos de los pueblos indígena originario campesinos".

La solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la Comisión IDH en fecha 22 de diciembre de 2016 y notificada al Estado boliviano el 24 de enero de 2017, como "Pueblo en Aislamiento Voluntario en el Norte del Departamento de La Paz en la Zona Amazónica". Bolivia, dentro de los plazos establecidos por el reglamento de la Comisión IDH, presentó su respuesta a la solicitud de medidas cautelares en febrero de 2017.