La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) rechazó y determinó el cierre de la denuncia interpuesta por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) y la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Grande de Dios (Citrmd), en contra del Estado boliviano por la supuesta situación de riesgo y daño irreparable de un pueblo en aislamiento voluntario en el norte amazónico del departamento de La Paz.

Los demandantes solicitaron a la Comisión IDH ordenar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) paralizar sus actividades de prospección sísmica en la zona de la Cuenca Madre de Dios (Área Nueva Esperanza), prohibir el ingreso de personas ajenas a dicha zona, así como constituir una comisión de expertos nacionales e internacionales que actúa como garante de la implementación de las medidas cautelares.

El procurador general, Pablo Menacho, calificó como importante la medida.

LA RESOLUCIÓN DEMORÓ 2 AÑOS

La solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la Comisión IDH en fecha 22 de diciembre de 2016 y notificada al Estado boliviano el 24 de enero de 2017, como “Pueblo en Aislamiento Voluntario en el Norte del Departamento de La Paz en la Zona Amazónica”. Bolivia, dentro de los plazos por el reglamento de la Comisión IDH, presentó su respuesta en febrero de 2017.