Entre la última columna que escribí y ésta, ha transcurrido un mes. Revisando la información de los medios durante este tiempo para elegir el tema y ante tanta mala noticias en el país y el mundo, quise levantar las manos, abandonar mi oficio de columnista y asumir a plenitud mis derechos de jubilado.

Pero, encontré “la” noticia que me hizo olvidar aquel primer impulso: tres jueces de El Alto, Wendy Ángela Rojas, David Kasa y Pedro Kanaz, decidieron actuar como tales y no como esbirros del Ministerio de ¿Justicia? Se declararon incompetentes para juzgar a la ex presidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria, porque a ella le corresponde un juicio de responsabilidades como norman la Constitución Política del Estado y las leyes penales en vigencia. Normas que las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio Público se encargan de violar diaria y sistemáticamente.

Obviamente esta resolución estremeció a las autoridades de gobierno y el Ministerio Público, que creían que la condena a la ex mandataria era un hecho ya dado. Es que el 24 de enero de 2023, “el juez Marco Antonio Amaru Flores, procesado por favorecer a un feminicida y un asesino, se declaró competente para procesar a la expresidenta Jeanine Añez en la vía ordinaria por el caso denominado Senkata, ocurrido en 2019, dejando de lado el juicio de responsabilidades derivado a la Asamblea Legislativa, en 2021”.

Esa decisión fue calificada por el ministro de Justicia, cuyo nombre no quiero ni recordar, como un “hecho histórico” y calculó que el juicio oral se instalaría máximo en tres meses ya que “la justicia boliviana, a través del juez primero cautelar penal de El Alto, ha determinado que es competente para conocer el caso de la masacre de Senkata con relación a la exsenadora Añez y ha notificado al Tribunal Supremo para que le remita todos los antecedentes del proceso del juicio de responsabilidades que se tramitaba ante la Asamblea Legislativa”.

Pero, mientras el ministro ensalzaba aquella aberración, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Julio Egüez, anunciaba que procesaría, “en la vía ética, al juez Marco Antonio Amaru, por vulnerar la Constitución Política del Estado (CPE), al declararse competente para juzgar a la expresidenta Jeanine Añez, por el caso Senkata, que ya estaba radicado en la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades”.

De ahí que ante la resolución de los jueces técnicos de declararse incompetentes para ver el caso los represores del Estado Plurinacional perdieron los estribos. El procurador César Siles rechazó la decisión y señaló que esto “exige a las autoridades competentes iniciar las acciones legales necesarias para revertir dicho fallo”. En su caso, siguiendo la política de asumir competencias que no le corresponden, practicada, felizmente sin éxito, por su predecesor, dijo que la entidad que dirige realizará “las acciones necesarias para restablecer el principio de legalidad, debido proceso y el postulado de juez natural en la tramitación de esta causa que fue afectada por una decisión judicial ‘nefasta’ y vulneratoria de la lógica jurídica, cuando en el mismo proceso ya el Juzgado Cautelar, Sala Penal Jerárquica y la Justicia Constitucional definieron la vía ordinaria de juzgamiento”.

Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, calificó como “aberrante” y “maliciosa” la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, y anunció que apelará. “Es una sentencia totalmente aberrante. Una sentencia totalmente carente de un análisis jurídico y valorativo, primero de la norma procesal y segundo de los antecedentes (…) estos jueces del tribunal desconocen totalmente nuestra normativa nacional”.

 Dijo que sólo debieron admitir el caso, porque el tema de la jurisdicción ya fue resuelto por el juez cautelar Marco Amaru y ratificado en apelación. Además, denunció que el “anterior viernes, ellos recién estaban asumiendo conocimiento de esto y 48 horas, en el sábado y el domingo, sorpresivamente emiten esta resolución para sacarlo el día de hoy lunes. Eso nos muestra la maliciosidad que ha existido en este caso”.

Y lo único que ha ocurrido es que los jueces actuaron como corresponde al sostener que “nuestras actuales autoridades de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral emanan de las normas promulgadas por Jeanine Áñez en su condición de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia; Desconocer esa institucionalidad, aunque inicialmente con defectos, sería poner en duda la legalidad de las referidas autoridades”.

Si bien hay que estar atentos a que los jueces no sufran represalias por parte del oficialismo por cumplir con lo que manda la ley, su resolución (la que en tiempos normales sería obvio) nos ayuda a creer que será posible recuperar la justicia como un instrumento que garantiza la pacífica convivencia ciudadana, y no un arma de represión y extorsión, cuando esta larga noche acabe.