La situación de los presos políticos en Bolivia se agrava y son más de 300 encarcelados en medio de la falta de atención mediática por la electoralización temprana impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), señalaron activistas en derechos humanos.

Son más de 300 los presos políticos cuyos procesos no avanzan. Los últimos casos son de los cinco activistas que impulsaron las movilizaciones por el censo en 2022 y del presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez Ojopi.

Cívicos

La Fiscalía emitió, el pasado jueves, una resolución de ampliación de la imputación formal por el paro de 36 días que se realizó en Santa Cruz en 2022. En esta se solicitó el arresto domiciliario del expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo; del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; del vicerrector, Reinerio Vargas, y del asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.

El mismo jueves, la Policía aprehendió a Mario Rodríguez, porque no se presentó a declarar a la Fiscalía de Santa Cruz, cuando la jurisdicción es en Puerto Quijarro.

300 presos

El presidente del Consejo de Derechos Humanos en Bolivia, Fernando, Hamdan, indicó que el número de presos políticos subió a más de 300. Mencionó a los “presos de conciencia” a quienes se lo libera con la condición de que se alejen de toda actividad de protesta “coartando así su libertad de expresión”.

Hamdan dijo que el presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez Ojopi, fue aprehendido este jueves, acusado por la muerte de Julio Taborga, el 22 de octubre del 2022, durante el primer día del paro cívico en Santa Cruz que demandó el desarrollo del censo.

Distracción

Para el activista en derechos humanos Franco Albarracín, la excesiva mediatización de los sucesos del MAS influye de forma muy negativa en la situación de los presos políticos. Dijo que se crea “una nube o distracción para la población, incluso para organismos internacionales, sobre el estado precario y difícil en la que están viviendo los presos políticos”.

Recordó que, hace dos semanas, salió un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En el documento se hace referencia “por primera vez a que en Bolivia hay persecución política y criminalización”. Sin embargo, esta no fue tomada en cuenta por los medios, porque coincidió con el evento de Lauca Ñ, encuentro que todos los medios de comunicación cubrieron.

A juicio de Albarracín, la situación de los opositores se complicará, “porque el objetivo del Movimiento Al Socialismo es la persecución para acallar toda crítica sobre la crisis política”. “El contexto genera que se endurezca la persecución política y en contra de todo aquel que piense diferente”, dijo.

Hamdan aclaró que el primer imputado por el paro de actividades en Santa Cruz fue el gobernador  Luis Fernando Camacho, quien la pasada jornada también se pronunció mediante sus redes sociales. Dijo que “el Gobierno masista insiste en criminalizar las luchas de Santa Cruz”.

Repercusiones

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, señaló que existe una “reactivación masista de persecución política a líderes cruceños”, ya que se amplió la imputación fiscal contra varios investigados por los 36 días del paro en Santa Cruz.

“Me sumo a la protesta de Santa Cruz contra la reactivación masista de persecución política a líderes cruceños por defender intereses y derechos legítimos. La doble moral de los acusadores es evidente cuando apañan los bloqueos y cercos de sus afines, protegen a quien ordenó impedir el ingreso de alimentos a las ciudades y se confabulan con los que promovieron un fraude monumental. Mi apoyo a los perseguidos en otro infame episodio”, escribió Mesa .