El 19 de noviembre cumplirá tres años de detención. Y, aunque ha sido absuelto en dos procesos por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, permanece en la cárcel por una sentencia a tres años de prisión por haber emitido alertas migratorias durante el Gobierno de Jeanine Áñez.

El exdirector de Migración inició una huelga de hambre y está decidido a morir en la prisión, salvo que le den libertad irrestricta, que le corresponde porque en Bolivia nadie va preso por una condena a tres años y porque, finalmente, está a punto de cumplir ese tiempo en el penal de San Pedro. Es más, Rivas incluso ha dado instrucciones para su funeral. En respuesta, Régimen Penitenciario -con frialdad y lejos de cualquier atisbo de humanidad- ha respondido con una sanción por el uso de un teléfono celular en el recinto penitenciario.

El pecado de Rivas es haber sido director de Migración cuando Jeanine Áñez era presidenta. Es una causa política más, un preso-trofeo del Gobierno, como para sentar precedente y que nadie más se atreva a ir contra el MAS o contra sus jefazos, tal como ocurría en el Medioevo cuando se ponía en el cepo a quienes cometían una falta.

El exfuncionario padece insuficiencia renal porque nació con un solo riñón y desde el 26 de octubre cumple una huelga de hambre ante la impotencia frente al incumplimiento de Régimen Penitenciario, que no acata las disposiciones de la justicia.

Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) indicaron que Rivas está “en un estado terrible”, que no recibe ningún alimento desde hace cinco días y que, ante la arremetida judicial con supuestos 99 juicios que le dijeron que tienen en su contra, se cansó y no quiere que sus familiares lo vean así. Y mientras la Apdhb afirma que presenta un estado lamentable, la Defensoría del Pueblo señala que “se encuentra estable”.

¿Cuándo perdimos la humanidad? El caso de Rivas recuerda todos los padecimientos de la exministra de Salud, Eidy Roca, que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cuya familia ha tenido que ir y venir por juzgados y médicos en un peregrinaje eterno para que pueda tratarse en el exterior.

Es larga la lista de presos políticos con problemas de saud. En 2013 falleció el expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, José María Bakovic, que tenía más de 70 juicios y tenía que recorrer tribunales por todo el país para defenderse. Murió en el intento, a pesar de las advertencias de sus médicos. Fue un crimen y nadie se hizo responsable.

Está el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido desde diciembre de 2022, a pesar de que padece dos enfermedades inmunológicas que no tienen cura y pueden desencadenar en un proceso inflamatorio de las arterias y las venas, afectando pulmones, el corazón y otros órganos. En 11 meses solo ha salido una vez del penal para exámenes médicos. De nada vale su evidente deterioro físico; en cambio, le suman juicios como para que no tenga chance de salir. Tampoco le dejan atender su salud como se necesita.

Otra víctima de la falta de humanidad es la expresidenta Jeanine Áñez, a quien se le ha negado un juicio de responsabilidades y tuvo comprometida su salud, sin que le dieran la atención debida.

El cocalero César Apaza sufrió una embolia hace varios meses. También se declaró en huelga de hambre y ahí está, preso y sin atención, con la detención preventiva ampliada.

En estos casos, la justicia es venganza y eso pone a Bolivia en los peores lugares del Índice de Estado de Derecho 2023, que elabora cada año la World Justice Proyect (WJP).