Estamos empeñados en construir una alternativa democrática que sea gobierno en 2025 y derrote al MAS, sin embargo, muchas personas preguntan: ¿es suficiente la unidad de las fuerzas prodemocráticas para alcanzar la victoria? ¿No nos ganaran nuevamente con el fraude electoral?

Analicemos esta última interrogante.

Hay que evitar el fraude como un acto legítimo de legalidad y defensa del voto ciudadano. Considero, de manera esquemática, que el elemento principal de la lucha contra el fraude es el pleno funcionamiento del Direpre o TREP (40% del problema), es decir el conteo rápido de votos, que permite tener un resultado preliminar en la noche del mismo día de las elecciones, como sucede en todos los países vecinos, sin exclusión alguna. Suprimir el TREP, el Direpre o cualquier nombre que se le dé al sistema de fotografiar las actas de cada mesa con los resultados alcanzados y transmitirlas por internet a un sistema ininterrumpido, se constituye en un procedimiento de registro (un testigo mudo) en tiempo real del voto emitido y que permite la contrastación, evitando actos de fraude. Este sistema de conteo rápido debe ser contratado por el Tribunal Supremo Electoral a una empresa internacional con experiencia y estándares de altos de seguridad.

Me atrevo a aseverar que el Direpre o TREP funcionando de forma regular alivia el 40% del problema del fraude.

El otro 30% es el control electoral en las mesas de sufragio. Se habla de la presencia en recintos electorales de un ejército de 35.000 ciudadanos (uno por mesa), con su celular en la mano, para fotografiar y transmitir a una base de datos nuestra el recuento de boletas electorales; el libro índice, el acta de escrutinio, las firmas de los delegados de mesa, jurados electorales y boletas no utilizadas. Esta presencia debe ser legal, plenamente acreditada.

Este ejército de ciudadanos debe superar las limitaciones extraordinarias que han tenido los delegados de los partidos políticos en el ejercicio del control del voto los años 2019, 2020 y 2021. Estos 35.000 ciudadanos serán la conjunción de partidos y organizaciones de la sociedad civil.

El Tribunal Supremo Electoral, bajo exigencia nuestra, deberá garantizar –con la concurrencia de la fuerza pública– que en todo recinto electoral se permita el control ciudadano, que no existan “zonas rojas” donde se impide a delegados que no son del MAS su presencia, como el Chapare y localidades en el Norte de Potosí.

Otro 30% del problema es el padrón electoral.

Es innegable que la demanda democrática de la ciudadana es la vigencia de un padrón electoral limpio, confiable y que se respete la voluntad del soberano expresado en las urnas. Sin embargo, el padrón electoral no hace fraude, es decir, no es un ser vivo, no son funcionarios electorales, funcionarios públicos e integrantes de una organización política con fines delictivos, es una base de datos dentro de la cual hay registros adulterados de ciudadanos fantasmas, chutos, difuntos y otros, que son activados para votar por personas que tienen otra identidad o que utilizan recursos informáticos.

Pero esta base de datos no es solo de individuos aislados, sino también de grupos poblacionales asentados en localidades fantasmas, cuya existencia ilegal está registrada dentro del padrón en asientos electorales. Los registros fantasmas grupales no requieren de ciudadanos que se presenten a votar, pero sí son consignados fraudulentamente en actas electorales, de recintos electorales, sumando votos a favor del MAS.

Entonces, además de individual, la base de datos de este padrón electoral putrefacto es también una representación grupal, de nuevas comunidades rurales y asientos electorales urbanos que no corresponden a la realidad, pero que “votan”.

Si la lucha ciudadana y democrática consigue, en este tiempo, un nuevo padrón electoral, seguramente estaremos frente a una situación positiva para revertir esta sombra autoritaria que conculca el sentido y dimensión del voto del pueblo.

Nuestro razonamiento parte de que el Direpre o TREP es el 40% del problema, el control electoral el 30% y que el padrón electoral manipulado es el restante 30%.

Nuestra propuesta es el control exitoso de las dos primeras variables: conteo rápido, preliminar de votos y control electoral in situ el día de las elecciones, para evitar con ello que se pueda hacer uso de los registros de datos adulterados alojados en el padrón electoral.