Como todos los últimos años, el prestigioso World Justice Proyect acaba de presentar su afamado Índice del Estado de Derecho (disponible en https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/) por el que mide el estado del arte en 95% de la población mundial.

En términos globales, el prestigioso informe, si bien parte de percepciones de miles de personas representativas encuestadas de sus países, se elabora con una metodología científica que permite reflejar el estado del arte no solamente de la administración de justicia y su rendimiento, sino de algo mucho más profundo: la salud del Estado de Derecho y de su otra cara, la democracia.

En esos términos globales el informe concluye que el Estado de Derecho se ha vuelto a erosionar en la mayoría de los países este año cuando más de 6.000 millones de personas vivimos en un país donde se debilitó entre 2022 y 2023; los DDHH han disminuido en tres de cuatro países desde que comenzó la recesión mundial del Estado de Derecho en 2016; los sistemas de justicia están fallando porque no satisfacen los intereses de la gente. Afortunadamente, da cuenta también que esas tendencias autoritarias se están desacelerando desde la pandemia y que algunos países están desafiando esas malas tendencias globales (obviamente, Bolivia no está en esas buenas noticias).

Aunque dolorosamente ya no es una novedad Bolivia nuevamente pelea por el podio entre los peores; no como en el raquetball, el único deporte exitoso sostenidamente en las grandes ligas. Así esta vez ocupamos el deplorable puesto 131 de 142 a nivel global y el 29 entre 32 en la región con 0,37 sobre 1. De los ocho rubros medidos, el de justicia penal ocupa el 141/142 solamente sobre el exitoso desastre venezolano y la justicia civil 140/142. Temible para el ciudadano pues nos muestra que estamos librados al abuso del poder público o privado, sin que el sistema de justicia sea el dique de contención de esas pulsiones totalitarias, quedando nuestra vida, libertad, honra y bienes al capricho de la kakistocracia y sus secuaces, tanto en el ámbito público como en el privado.

Pero, más allá de esos temibles datos que además dan cuenta que en restricciones a poderes gubernamentales tenemos 126/142; ausencia de corrupción 137/142; gobierno abierto 100/142; derechos fundamentales 111/142; orden y seguridad 122/142 y cumplimiento regulatorio 12/142 y confirman una vez más –sería ocioso recordar otros estudios similares– que el sistema de administración de justicia boliviano está prácticamente entre los peores a nivel global peleando por el podio hacia abajo sin que además haya luz al final del túnel (Ej.: apagón de altos cargos del sistema judicial el próximo 31 de diciembre, con la complicidad del Legislativo, Judicial y Ejecutivo), sostengo que lo peor de todo es que también nuevamente se ratifica que el Estado sujeto al imperio del Derecho y su otra cara, como es el sistema democrático en Bolivia, está entre los peores y, más allá de pomposas leyes, lindos palacios, estructuras burrocráticas y personas, simplemente no existe o ha fracasado demostrablemente.

Ello implica que una de las principales, sino la principal razón de existir del Estado, absurdo y desproporcionadamente idolatrado por muchos, como es garantizar los DDHH de todos sus estantes y habitantes a través de sus instituciones taxativamente creadas para esos fines y quienes las operan, no se cumple siquiera mínimamente por los distintos gobiernos que han pasado en los últimos años, sean del color o tendencia que sean. 

Recurriendo simplemente al San Google, nos enseña que aquello de lo que tanto se discursea y promete implica que todos los ciudadanos e instituciones dentro de un estado o comunidad son responsables y sujetos ante las mismas leyes, incluidos sus autoridades, legisladores y jueces, encargados de hacerla cumplir.

Así esas concepciones tan elementales, comprenderá amable lector por qué nos aplazamos nueva y sostenidamente en ese índice y también lo sentenciado por el cofundador y presidente del WJP William H. Neukom: “El mundo sigue atrapado por una recesión del Estado de derecho caracterizada por extralimitaciones del ejecutivo, restricciones a los derechos humanos y sistemas de justicia que no satisfacen las necesidades de la gente (…) La gente de todo el mundo está pagando el precio”. Es decir, nosotros…