Santa Cruz, el departamento más grande y económicamente vital del país, se encuentra en una posición delicada debido a la ausencia física de su líder desde hace diez meses. El gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro, ha continuado ejerciendo sus funciones de manera virtual, pero su presencia en eventos, reuniones y actos protocolares ha sido limitada. Por otro lado, el vicegobernador, Mario Aguilera, aún no ha asumido oficialmente en su reemplazo debido a que la Asamblea Legislativa Departamental no ha establecido la ausencia del titular. 

La falta de representación cruceña en el escenario nacional ha quedado patente en recientes reuniones y decisiones importantes que afectan al departamento. El Consejo Nacional de Autonomías, por ejemplo, llevó a cabo una sesión en La Paz sin la presencia de un representante cruceño. Esto es particularmente preocupante cuando el tema central discutido fue la extrema sequía que afecta al país y que tiene un impacto directo en Santa Cruz, sumido en una crisis medioambiental y de salud pública debido a ella.

Este problema de subrepresentación tiene su origen en la detención de Camacho, que va más allá de una simple ausencia. Su encarcelamiento plantea una cuestión de principios democráticos y el respeto de los derechos de los ciudadanos y las autoridades elegidas por votación popular.

El Estatuto Autonómico cruceño establece que el mandato del gobernador cesará en caso de muerte, renuncia formal presentada ante la Asamblea, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal o revocatoria del mandato. En el caso de Camacho, la única causal aplicable de manera genérica sería la ausencia o impedimento, aunque el estatuto no contempla una detención política o una ausencia forzada.

Aquí se plantea un dilema. Si la Asamblea Departamental declarara la ausencia de Camacho y habilitara a Aguilera como su reemplazo, estaría, en cierto modo, validando implícitamente la detención y la remoción injustificada del gobernador elegido por voto popular. Por otro lado, si la Asamblea decide no tomar medidas para permitir que Aguilera asuma temporalmente, Santa Cruz seguirá subrepresentado.

El conflicto no se limita a cuestiones legales; se extiende a la desconfianza mutua entre Camacho y Aguilera. Desde la cárcel, Camacho acusó al Gobierno de planear su secuestro y la toma de Santa Cruz a través de Aguilera. La desconfianza ha complicado aún más la situación y ha llevado a una falta de gobernanza efectiva.

Esta desconfianza interna dentro de la Gobernación plantea un serio problema. Delegar la responsabilidad de liderar el departamento a secretarios o asesores no es conveniente ni legítimo. La responsabilidad recae en la figura del vicegobernador, también elegido por el voto popular, y debería contar con la confianza para asumir las funciones correspondientes.

Restablecer la confianza y la gobernanza en el Gobierno Departamental es crucial. Además, la institucionalidad cruceña debe reafirmar su compromiso de preservar la autonomía del departamento y luchar por los derechos del gobernador encarcelado. Es fundamental que Santa Cruz sea debidamente representado y que sus necesidades y desafíos sean atendidos de manera efectiva.

Este vacío de poder es más que una cuestión administrativa; es una cuestión de representación, confianza y democracia. Resolver este desafío requerirá un enfoque equitativo y respetuoso de los principios democráticos y los derechos de los ciudadanos. Santa Cruz merece una representación sólida y un liderazgo efectivo en estos tiempos críticos.