La situación de unos 300 presos políticos en Bolivia (militares, exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez y activistas) se agrava en medio de la dilación judicial, ausencia de atención ciudadana y de los medios de comunicación. A esto se suma la electoralización temprana impulsada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), según  coinciden analistas y activistas en derechos humanos.

Los procesos de las 300 personas (la mayoría con detención preventiva y algunas  con sentencia) no avanzan.

Los últimos casos de persecución se dieron con la imputación a activistas cruceños  que impulsaron las movilizaciones por el censo en 2022 y del presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez Ojopi.

En tanto, ayer, el exdirector del Migración de Jeanine Áñez, Marcel Rivas, se declaró en huelga de hambre, “hasta salir libre o morir”, dijo.

Por otro, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió la acusación formal en contra del gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, por el llamado “caso decretazo”.

Camacho es acusado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, según información de Cadena A y Radio Fides.

Cívicos

La Fiscalía emitió, hace 10 días,  una resolución de ampliación de la imputación formal por el paro de los 36 días que se realizó en Santa Cruz en 2022, en la que pidió el arresto domiciliario,del expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar; del vicerrector Reinerio Vargas, y del asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.

Ese mismo día, la Policía aprehendió a Mario Rodríguez porque no se presentó a declarar ante la fiscalía de Santa Cruz, cuando la jurisdicción es en Puerto Quijarro.

300 presos

El presidente del Consejo de Derechos Humanos en Bolivia, Fernando, Hamdan, mencionó que el número de presos políticos subió a más de 300; habló sobre los “presos de conciencia”, a quienes se los libera con la condición de que se alejen de toda actividad de protesta “coartando así su libertad de expresión”.

Hamdan mencionó que el presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez Ojopi, fue acusado por la muerte de Julio Taborga el 22 de octubre de 2022, durante el primer día del paro cívico en Santa Cruz que demandó el desarrollo del censo para 2023.

Distracción

Para el activista en derechos humanos Franco Albarracín, la excesiva mediatización de los sucesos del MAS influye de forma muy negativa en la situación de los presos políticos: se crea “una nube o distracción para la población incluso para organismos internacionales sobre el estado precario y difícil en el que están viviendo los presos políticos”.

Recordó que hace tres semanas salió un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH) sobre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en las que se hace referencia “por primera vez a que en Bolivia hay persecución política y criminalización”, pero no fue tomado en cuenta por los medios porque coincidió con el evento de Lauca Ñ, suceso que recibió la cobertura de todos los medios.

A juicio de Albarracín, la situación para los opositores se complicará “porque el objetivo del Movimiento Al Socialismo es la persecución para acallar toda crítica sobre la crisis política. El contexto general se endurezca en contra de todo aquel que piense diferente”, dijo.

Hamdan aclaró que el primer imputado por este caso del paro de actividades en Santa Cruz fue el gobernador  Luis Fernando Camacho, quien también se pronunció mediante sus redes sociales y dijo que “el Gobierno masista insiste en criminalizar las luchas de Santa Cruz”.

El expresidente Carlos Mesa consideró que existe una “reactivación masista de persecución política a líderes cruceños”.